La continuación del juicio a “Nené” Barral vuelve a demorarse “sine die”

Después de 21 años de instrucción, el pasado 30 de septiembre se sentaba en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra el exalcalde de Ribadumia José Manuel Barral Martínez, “Nené” Barral, acusado de un delito de contrabando de tabaco.

Lo hizo para escuchar (no sin dificultad, ya que él mismo comentó a los medios sus problemas para seguir el juicio por su falta de audición) como las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra volvían a suspender la vista para poder tomar una decisión sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas. Entre ellas, por ejemplo, la supuesta falta de competencia de este tribunal, la prescripción de los posibles delitos que se le imputan o presuntas irregularidades en una instrucción que los abogados calificaron de demasiado “prospectiva”.

Ante la complejidad de las cuestiones planteadas por las defensas, el tribunal estimó oportuno aplazar la continuación de la vista hasta mañana 15 de septiembre, pero fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaron ayer que no será posible retomar el juicio. La razón es que la sección cuarta se ha visto obligada a señalar para ese mismo día otra causa que tiene preferencia, al tratarse de un asunto que tiene a personas en prisión provisional involucradas, por lo que el caso de Barral Martínez y el resto de implicados queda aplazado, por el momento, “sine die”.

Se trata de una nueva suspensión en un expediente que acumula más de dos décadas de retraso. Unas actuaciones que tienen su origen, entre otras cuestiones, en el decomiso de cuatro contenedores con 432.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el puerto de Vigo.

La Fiscalía solicita una condena de diez años y medio de prisión para Barral, a quien sitúa en la cúspide de una organización criminal dedicada a la introducción de tabaco de contrabando. En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata al menos tres grandes operaciones de descarga de importantes cantidades de tabaco eludiendo las cargas fiscales y como la organización iba sorteando las investigaciones policiales y fiscales gracias a las filtraciones de los colaboradores que José Ramón Barral tenía entre funcionarios de Aduanas o de la Guardia Civil. Asociación ilícita, contrabando, revelación de secretos por funcionario público y cohecho, son los delitos que se le imputan.

Por su parte, las defensas no solo niegan los hechos que se le atribuyen a los acusados, sino que además insisten en que la competencia del caso debería ser de la Audiencia Nacional, aseguran que los delitos habrían prescrito y critican la instrucción llevada a cabo en su momento por el entonces juez de Vilagarcía, José Antonio Vázquez Taín, que llegó a autorizar las escuchas de “cientos de móviles por espacio de dos años”, según los letrados. La propia Fiscalía insinuó que la investigación quizá no pasaría el filtro de los estándares actuales.

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