Santos Caballero Fernández, un vecino de Salceda de 53 años de edad, reconoció ayer lunes en la Audiencia de Pontevedra que dio muerte a su hermano Ángel el 30 de agosto de 2019 golpeándolo en una finca propiedad de la víctima utilizando una azada. Esta confesión, y la voluntad de las partes, permitió reducir considerablemente el número de jornadas que se tenían reservadas para este juicio, al renunciar Fiscalía y los dos abogados de la acusación y la defensa a gran parte de la prueba.
La acusación particular, que inicialmente calificaba los hechos como asesinato durante la instrucción, rebajó sus pretensiones y se adhirió a la calificación que realizó el Ministerio Fiscal, que pide 13 años de cárcel por homicidio. La prueba quedó reducida, por lo tanto, al testimonio del acusado Santos Caballero, a la de la principal testigo de los hechos (la mujer de la víctima y cuñada del agresor) y a la de las dos peritos forenses que realizaron la autopsia del fallecido.
De esta forma, las partes desbrozaron el caso ante el jurado popular encargado de dictar el veredicto eliminando numerosos testimonios que solamente iban a contribuir, en palabras de las distintas partes, a poner de manifiesto en la sala una “enemistad familiar larvada durante años” que no iba a ser agradable para nadie y que desviaría la atención de los miembros del tribunal popular del hecho central a enjuiciar. Esto aceleró la labor del jurado, que deliberó durante unas cinco horas y pronto obtuvo un verdicto por unanimidad: culpable de homicidio. Consideran que actuó con la “intención de acabar con al vida” de su hermano o al menos a sabiendas de que era muy probable que ocurriese.
La acusación mostró al jurado una sentencia en la que el acusado ya había sido condenado por golpear con una silla a su hermano al que mató tres años después
Del testimonio del agresor quedó claro que la relación con su hermano no era buena desde hacía tiempo. Él decía que no era así por su culpa y que intentaba esquivar a Ángel para evitar situaciones de conflicto. Sin embargo, el letrado que representa a la viuda y a sus hijos subrayó a los miembros del jurado la existencia de una sentencia anterior a los hechos en la que Santos ya había sido condenado por agredir a su hermano Ángel con una silla en un establecimiento público de Salceda.
El acusado, en su interrogatorio, reconoció que ese día se encontró a su hermano Ángel en una finca propiedad de este último en Entenza, en Salceda. Le interpeló para reprocharle algo sobre la rotura de un espejo retrovisor de su automóvil y asegura que éste le respondió con insultos. Mantuvo que la víctima intentó agredirle y que luego se cayó al suelo. “No sé si se cayó o se tiró, para mí que se tiró”, indicó. Reconoció que después “agarró un palo”, que resultó ser la azada de la víctima y que después le golpeó varias veces con ella en la cabeza. También afirmó que, aunque lo vio sangrar por la cabeza, dijo no sabía “donde le daba” en un testimonio algo errático a este respecto. Tampoco fue muy concreto sobre las veces que le golpeó, aunque llegó a decir que “dos o tres”. Luego reconoció que, tras darse cuenta de la gravedad de los hechos, se fue del lugar perdiendo las zapatillas y llamó a la Guardia Civil, poniéndose a disposición de las autoridades. Reconoce que se duchó antes, porque “sabía que de allí me iba a ir para la cárcel”. También alegó que cuando llamó a la Guardia Civil no sabe si les dijo que acudieran porque “matei ao meu irmán” o porque les dijo “mallei ao meu irmán”. La acusación particular también subrayó el testimonio del guardia civil recogido en la instrucción que aseguró que el hombre le llamó diciendo que acudieran rápido, que acababa de matar a su hermano “con un sacho” .
Ante esta confesión que no era del todo esclarecedora en ciertos aspectos pero sí en los detalles básicos, la Fiscalía solicitó la comparecencia de la esposa del fallecido, que estaba previsto que no declarase, pero a quien recurrió la fiscal del caso para amarrar en todo caso su arsenal probatorio. El testimonio de la viuda fue duro y contundente. Tras recibir una llamada de su esposo avisándole de que bajase a la finca, asegura que observó claramente como el acusado, su cuñado, estaba frente a su marido con la azada (que era de la víctima). Mientras que el agresor estaba de pie, la víctima se hallaba sentada e inmóvil, como “si ya hubiese recibido algún golpe antes”, ya que no hizo ningún gesto de defensa cuando Santos le propinó “los tres golpes” de azada en la cabeza que ella asegura haber presenciado mientras le gritaba al acusado “para, para para”, sin que le hiciera caso alguno. Cuando llegó a la altura de ambos, asegura que Santos se cruzó con ella y apenas le dijo “ahí lo tienes, ahora entiérralo” y que se fue. La mujer, entre sollozos, describió el duro escenario con el que se encontró, con su marido con la cabeza abierta y agonizando. Fue trasladado con vida al hospital Álvaro Cunqueiro pero falleció poco después. El acusado negó que dijera palabra alguna a su cuñada.
Las forenses ratificaron que el cadáver presentaba múltiples heridas, “al menos varias de ellas provocadas por tres golpes en la cabeza”, que provocaron la muerte de Ángel y que son “compatibles” con el uso de una azada.
El jurado considera probado por unanimidad que Santos Caballero Fernández, el 30 de agosto de 2019, golpeó a su hermano Ángel con un "sacho" en la cabeza al menos en tres ocasiones y con "gran fuerza", con "intención de acabar con su vida" o cuando menos "asumiendo" que podría acabar con ella.
Los jurados también acuerdan por unanimidad oponerse a una posible suspensión de la ejecución de la pena que ahora le sea impuesta o a un posible indulto.
Como consecuencia de esta decisión, la fiscal solicitó al tribunal que imponga al acusado la pena de 13 años de prisión por el homicidio de su hermano, con la atenuante de confesión (el jurado también consideró probado que el acusado avisó a la Guardia Civil de los hechos y colaboró con ellos) y el agravante de parentesco.
Reclama asimismo que establezca la prohibición de que el acusado pueda acercarse a menos de 500 metros de la esposa e hijos de la víctima durante un periodo de 23 años y que los indemnice con 200.000 y 300.000 euros respectivamente. La acusación particular se adhirió a la petición de la Fiscalía.
