La nueva 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Ecológica obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer las llamadas "Zonas de Bajas Emisiones" (ZBE) que deberán estar en marcha en enero de 2023. En Pontevedra, el gobierno local reiteró hoy que la ciudad optará por una "tercera vía" que esquiva las dos propuestas que recoge la normativa (el pago de una tasa o la prohibición de entrada a vehículos que no tengan determinada etiqueta ecológica) para alcanzar los objetivos que marca el texto legal. Esta hoja de ruta pontevedresa para adaptarse a la citada ley va en sintonía con el modelo de ciudad que se viene aplicando desde hace 20 años y que consiste en la reducción del tráfico motorizado innecesario. El gobierno local insistió hoy en que no van a cobrar ni a discriminar el acceso a ninguna zona de la ciudad a ningún vehículo por sus características.

¿Cómo cumplir entonces los requisitos establecidos por esta ley? La portavoz Anabel Gulías asegura que el trabajo realizado en Pontevedra durante los últimos 20 años con zonas de tráfico ya restringidas les permite partir de una "posición de privilegio" y optar por esta alternativa que, aunque explícitamente no recoge la ley, parece que cuentan con aval del propio Ministerio, al menos de manera verbal, ya que alcanzan igualmente los objetivos marcados por la norma contra el Cambio Climático. Al menos así se lo trasladó el propio departamento de Transición Ecológica al gobierno local en las conversaciones mantenidas hasta ahora, en la que se muestran de acuerdo de que la nueva ley no puede "penalizar" un modelo tan trabajado y reconocido como el de la Boa Vila. Se trata de continuar con sus políticas de reducción de tráficos en determinadas zonas, eliminando aquellos que son innecesarios o de paso. "Pontevedra no va a tratar el espacio público de forma discriminatoria por el tipo de vehículo o de una manera no equitativa" obligando al pago de ninguna tasa, reiteró esta mañana de lunes Anabel Gulías, portavoz del Gobierno.

Anabel Gulías: "Pontevedra no va a tratar el espacio público de forma discriminatoria por el tipo de vehículo o de una manera no equitativa"

Lo hizo después de celebrar la aprobación definitiva en Junta de gobierno del Plan de Mobilidade Sostenible, un PMUS, que incluye estas zonas de bajas emisiones que en Pontevedra denominarán "zonas de tráfico reducido". Gulías también dio a conocer la superficie total que se verá afectada por estas medidas, que se ciñen a casi todo el casco urbano, O Burgo, Estribela y Monte Porreiro. Cinco áreas en las que se podrá entrar con cualquier tipo de coche y sin pagar tasa pero en las que, para ello, habrá que seguir tomando medidas de reducción del tráfico y, por consiguiente, de las emisiones.

Esto se logrará gracias a las humanizaciones y medidas ya adoptadas con el desarrollo del modelo urbano durante los últimos 20 años pero también con nuevas actuaciones. Para las dos primeras, por ejemplo, ya se han solicitado sendas subvenciones al Gobierno Central en marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por importe de algo más de tres millones de euros. La primera es ya conocida y sigue en la línea de las actuaciones anteriores de reducción de tráficos y humanizaciones de barrios con el plan para la reforma de A Santiña, en O Burgo, con un importe de 1,7 millones. La segunda intervención es más novedosa y sí que supondrá un salto cualitativo para la ciudad en cuanto al estudio de una movilidad inteligente y sostenible, así como para verificar con datos el cumplimiento de los objetivos marcados, entre otras, por esta ley de Cambio Climático. Se trata de desplegar a lo largo de toda la ciudad una red de sensores y cámaras que permitirán al Concello conocer los tráficos de la ciudad, tanto de peatones como de vehículos o incluso bicicletas o VMP (patinetes), de tal forma que se puedan detectar este tipo de tráficos innecesarios y actuar sobre ellos. Además, se podrá informar en tiempo real a la ciudadanía de la densidad circulatoria en distintos puntos del casco urbano o del nivel de ocupación de los aparcamientos disuasorios, por ejemplo. También se realizarán mediciones por toda la ciudad sobre la calidad el aire y el control de las emisiones. Se trata de complementar y dar un paso más en todo el sistema de control del tráfico que actualmente se limita a un sistema de cámaras de vigilancia que ya se está quedando, en cierta manera, "obsoleto". La subvención que se solicita para esta actuación ronda los 1,7 millones de euros.