Más de dos décadas después de ser arrestado por un alijo de tabaco, José Ramón Barral Martínez, “Nené” Barral, se ha sentado este viernes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra después de múltiples retrasos y aplazamientos. El exalcalde de Ribadumia debe responder a la acusación que formula el fiscal contra él y otras once personas por contrabando de tabaco. Se le acusa de asociación ilícita, contrabando, revelación de secretos por funcionario público y cohecho.
“Nené” Barral llega así a juicio algo más de 21 años después de que se produjese su arresto, en mayo de 2001, por estos hechos, tras la incautación de cuatro contenedores con 432.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el puerto de Vigo.
La vista oral se ha iniciado con la intervención de la abogada de Barral, Carmen Ventoso, que alega que el juzgado no es competente para juzgar este caso, sino que por los hechos y los investigados en múltiples países debería ser competencia de la Audiencia Nacional, no del juzgado número 1 de Vilagarcia ni de la Audiencia de Pontevedra.
En todo caso, niega que su cliente haya cometido ningún delito de contrabando y su relación con cualquier delito de cohecho y que en todo caso sería en caso de tentativa dado que nunca pasó la aduana, al ser detectado en la Zona Franca del puerto de Vigo, cuando todavía había posibilidad de declarar la mercancía. Además señala que los delitos estarían ya prescritos.
Unas cuestiones previas que hicieron suyas el resto de las defensa, incluyendo también petición de nulidad de las actuaciones, al considerar que fue una investigación "prospectiva" con escuchas autorizadas a "cientos de móviles por espacio de dos años", por el juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía que entonces dirigía el juez José Antonio Vázquez Taín. Dos de los acusados, en el momento de los hechos funcionarios de Aduanas acusados de pasar información a la supuesta organización de Barral, también alegaron que ya fueron juzgados por estos hechos y absueltos por la Audiencia Nacional.
Las defensas piden la nulidad de las actuaciones por ser prospectivas y alegan la falta de competencia de la Audiencia Provincial
Sin embargo, el fiscal rechazó estos argumentos y solicitó la celebración del juicio. La presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia anunció que el tribunal resolverá estas cuestiones previas planteadas por las defensas antes de iniciar la vista oral, por lo que fijó el inicio de la misma para el 15 de diciembre, mientras resuelve estas cuestiones planteadas por las partes.
La Fiscalía, que solicita una condena de diez años y medio de prisión, entiende que Barral se situaba en la cúspide de una organización criminal dedicada a la introducción de tabaco de contrabando. En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata al menos tres grandes operaciones de descarga de importantes cantidades de tabaco eludiendo las cargas fiscales y como la organización iba sorteando las investigaciones policiales y fiscales gracias a las filtraciones de los colaboradores que José Ramón Barral tenía entre funcionarios de Aduanas o de la Guardia Civil.
La Audiencia resolverá las peticiones de las defensas antes de continuar el juicio que se iniciará el 15 de diciembre
Unas operaciones que, según el escrito de la Fiscalía, Barral no tenía reparos en coordinar en ocasiones desde su propio despacho de la Alcaldía de Ribadumia.
Barral ostentó el bastón de mando de este municipio entre 1983 y 2001 por Alianza Popular y el PP, hasta que tras su detención en este operativo fue forzado a dimitir. Luego regresó a la política como independiente.
El fiscal también reclama que abone una multa de 15 millones de euros por su actividad delictiva al frente de una organización “estable y jerarquizada” en la que tenía como persona de confianza a su hermano y a personas de distintas nacionalidades.
