La Xunta anima a los ayuntamientos costeros de toda Galicia a implicarse activamente en el proceso de elaboración de la futura Ley de ordenación del litoral, llamada a ser la primera norma autonómica en este ámbito y que, por lo tanto, “tendrá una gran trascendencia para todos los municipios asentados en la franja costera”.

Así lo trasladó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ante un auditorio conformado por alcaldes y representantes municipales de una docena de los 27 municipios costeros de Pontevedra que estaban convocados para abordar los objetivos principales de la nueva ley y emplazarlos a trasladar sus aportaciones para enriquecer el documento.

Acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y la secretaria general Técnica de la Consellería, Carmen Bouso, la conselleira recordó que esta reunión se enmarca en la ronda de contactos abierta para avanzar en la elaboración de la Ley de ordenación del litoral de Galicia, en fase de consulta pública previa hasta el 17 de octubre.

Tras explicar que este es el primero de los encuentros previstos con los más de 80 ayuntamientos costeros gallegos, Ángeles Vázquez incidió en la importancia de que el municipalismo se sume también a este proceso, subrayando la necesidad de impulsar una norma propia en este ámbito en respuesta a los “continuos ataques” del Gobierno central a los intereses del litoral gallego y para conseguir el autogobierno pleno sobre su costa. “Siendo conscientes de que Galicia no puede darle las espaldas al mar desde el punto de vista medioambiental pero también social y económico, no nos queda otra que legislar”, declaró.

En este sentido, explicó que, según el inventario de bienes en dominio público marítimo-terrestre realizado por la Xunta, los cambios impulsados desde el año 2018 por el Gobierno central en la normativa de costas “ponen en riesgo solo en la provincia de Pontevedra a 1.762 edificaciones localizadas en esta franja, tanto inmuebles e instalaciones de carácter privado –incluidas viviendas o empresas– como otros de uso público y dotacional”.

En el caso del litoral pontevedrés, la conselleira subrayó el impacto que las últimas decisiones del Gobierno central y su interpretación “subjetiva” y cada “vez más restrictiva” de la normativa sectorial de costas tendrá sobre centros educativos, instalaciones deportivas, mercados de abastos y camping en el DPMT. De hecho, más de la mitad de los inmuebles de este tipo identificados en Galicia pertenecen a ayuntamientos de Pontevedra.

A modo de ejemplo, se refirió la que esta provincia concentra 22 de los 35 centros educativos inventariados en todo el DPMT gallego; 92 de las 172 instalaciones deportivas; 7 de los 11 mercados y plazas de abastos afectados; y 5 de los 7 camping en riesgo en esta franja costera.