Una empresaria pontevedresa aceptó este miércoles una pena de prisión de tres años, seis meses y un día, tras reconocerse autora de un delito de estafa agravado con un fraude relacionado con la venta de grandes cantidades de combustible. Otro de los acusados, un varón, fue absuelto al asumir la acusada toda la responsabilidad sobre los hechos y se condena también a la empresa a través de la cual se llevó a cabo toda esta operativa del fraude, Transportes Carlos Pombo S. L., aunque si bien inicialmente esta persona jurídica figuraba también como acusada, la condena ahora se realiza como partícipe a título lucrativo. Además, al varón que resulta absuelto se declarada inimputable por cuestiones psiquiátricas tras la presentación de un informe forense que así lo acredita

El acuerdo alcanzado entre las partes evitó así la celebración de la vista oral en la que se estableció como probado que, en marzo de 2017, la principal acusada cesó como administradora única de esta empresa de transportes para colocar en dicho puesto al segundo acusado, ahora absuelto y declarado inimputable. Al mismo tiempo, la acusada obtuvo un poder de esta persona en el que se le conferían todas las facultades de administración de la empresa. Utilizando este poder, actuando en nombre de Transportes Carlos Pombo (una empresa por entonces con sede en Pontevedra), hizo tres pedidos en días sucesivos de gasóleo a una mercantil domiciliada en Fuengirola. En total realizó tres pedidos de (dos de 64.000 litros de gasóleo y otro de 96.000 litros) valorados todos ellos en 198.000 euros.

Dado que la empresa que suministraba el gasóleo solicitaba el pago por anticipado, la mecánica utilizada por esta empresaria pontevedresa consistía en utilizar la banca electrónica para remitir el justificante de transferencia bancaria por los distintos importes. Recibido este justificante por la suministradora, ordenaba que se le sirviera el combustible desde del depósito fiscal existente en Vigo. Cuando la empresaria tenía el carburante en su poder, ordenaba al banco la anulación de la transferencia.

Esta mañana reconoció los hechos en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra y ahora deberá indemnizar a la empresa defraudada con los 198.000 euros en gasoil de los que se apoderó. Se trata además de una empresaria reincidente al ya haber sido condenada en 2016 por otro delito de estafa agravada a dos años de cárcel. La pena que aceptó esta mañana también incluye una multa de 9 meses y un día a razón de tres euros diarios.