La Fiscalía de Pontevedra mantuvo este jueves su petición de condena de 25 años de cárcel para G. O. O., un vecino de la localidad de Cangas que está acusado de abusar sexualmente de forma continuada de la pareja de su hijo. Tanto ella como el vástago del acusado padecen una discapacidad intelectual.
Según el Ministerio Público, el acusado se habría prevalido de su ascendencia sobre la menor y de la “vulnerabilidad” de esta para mantener con ella relaciones sexuales durante cuatro años hasta la denuncia de estos hechos en 2019.
El acusado negó tajantemente los hechos. Afirmó que en esa época vivía con su pareja y que apenas estaba en casa dado que es marinero de profesión y la costera del Cantábrico le mantenía fuera de casa de domingo a viernes. Reconoció que la pareja de su hijo visitaba la casa “algún domingo” para ver a su hijo pero que nunca quedaron solos. Insistió en que nunca tuvo relaciones sexuales con la joven: “Ni lo intenté”.
"Coherencia" de la víctima
Afirmó que le sorprendió la denuncia, cuando fue requerido por la Guardia Civil para prestar declaración, y que no sabía que la víctima padecía una discapacidad. “No me imaginaba eso, me enteré a raíz de la denuncia”. El fiscal puso en duda esta afirmación, teniendo en cuenta que su hijo conoció a la que era su novia en un centro para el tratamiento de este tipo de trastornos. El Ministerio Público resaltó que en la comparecencia de la joven, que se desarrolló a puerta cerrada y en la que ratificó su denuncia, se pudo evidenciar de forma clara que la víctima padece el trastorno que le está diagnosticado.
En cualquier caso, el acusado dijo no sabe explicar los motivos de la denuncia aunque dijo sospechar que la víctima lo hace “por encubrir a alguien a quien no quiere que hagan daño”.
En el juicio también prestaron declaración las psicólogas y forense del Imelga quienes destacaron la credibilidad y “coherencia” del relato de la víctima, algo que también resaltó la Fiscalía en su informe final.
La acusación pública reclama dos condenas de 8 años por un delito de abuso sexual y otra más de 9 años por el mismo ilícito de forma continuada.
Otra psicóloga destacó la “jerarquía” que tenía para la víctima el padre de su entonces novio, casi “como si fuera de su familia”. Una relación “pseudofamiliar” que según el fiscal utilizó el acusado para “manipular” a la joven y hacer que aceptase mantener relaciones sexuales con el pretexto de “enseñarle” para que disfrutaran más cuando lo hiciera con su hijo.
Alegato contra la revictimización en los delitos sexuales
En su intervención, el representante del Ministerio Público, el fiscal jefe Juan Carlos Aladro, dedicó un momento a recordar al tribunal la posibilidad de que el testimonio de la víctima se pueda incorporar al juicio mediante una prueba preconstituida, al objeto de revictimizar a los afectados por este tipo de delitos sexuales con constantes declaraciones reiteradas durante el proceso de instrucción y, finalmente, en el juicio.
A través de la declaración de la joven ante la autoridad judicial como prueba preconstituida se evitaría que tuviera que repetir el relato que ya hizo antela Guardia Civil, ante el juzgado de instrucción y en múltiples ocasiones ante psicólogos del Imelga que evaluaron su testimonio.
En el presente caso, además, destacó la especial “vulnerabilidad” de la víctima, aunque el tribunal optó por la inmediatez de su testimonio en el auto de juicio oral y la joven debió comparecer en una declaración que se desarrolló a puerta cerrada. La Fiscalía también solicita para el acusado una orden de alejamiento de la víctima durante 25 años, además de libertad vigilada por 9 años, que le prohíba acudir a eventos o acontecimientos públicos destinados a menores de edad y que indemnice a esta mujer con 25.000 euros por daños morales.
