Ningún vecino ni administración pública firmó el acta de expropiación del proyecto de supresión de los pasos a nivel en Placeres. El Concello de Pontevedra, titular de algunas parcelas afectadas, tampoco lo hizo, aunque sí acudió al acto celebrado en el Pazo da Cultura el concejal coordinador del Rural, Alberto Oubiña, que vestía una camiseta con el lema “Non á desfeita nos Praceres”. El edil solo rubricó la apertura del expediente por ser una obligación legal para la Administración, pero no la expropiación.
Acudieron dos vecinos, que tampoco firmaron, y el representante de unos astilleros, que sí lo hizo.
El edil explicó que su asistencia al acto se debió al deber legal de abrir el expediente de expropiación forzosa, pero el Concello no asumió el levantamiento de actas.
“Como Concello disponemos de parcelas afectadas, pero decidimos no firmar porque consideramos que es un destrozo total para la parroquia de Lourizán porque parte a la parroquia en dos y soterra a las personas que la cruzan, incluso a los centenares que se desplazan a diario al centro escolar”, explicaba Alberto Oubiña. Indicó además que el “proyecto de soterramiento de las personas” en la plaza de Placeres, como solución a la retirada de los pasos a nivel del tren, derribará el parque infantil del barrio, invadirá parte de la zona del campo de fútbol en propiedad municipal y dos parcelas más pequeñas, también del Concello.
Además, hace inviable el proyectado Parque da Dignidade, porque estará atravesado por una carretera que impedirá el acceso al mismo. “Vamos a seguir luchando para defender al vecindario porque existen alternativas que Adif puede llevar adelante, si quiere”, concluyó Alberto Oubiña.
Por otra parte, el concejal remitió ayer un escrito a Adif manifestando, nuevamente, la oposición al proyecto de soterramiento de los pasos a nivel en Placeres. El escrito recoge que “en opinión reiterada de este Concello y así manifestada, estas obras suponen, a la vista de lo informado por los técnicos municipales, una solución no acomodada al interés general ni a las legítimas necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal afectada, por cuyos intereses vela este Concello. Incluso consideramos que podría llegar a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos que acudieron a la vía judicial y el principio de indemnidad, ya que se producirá una suerte de reformatio in peius (reformar para peor) del proyecto en vía de ejecución de sentencia, que perjudicaría más al entorno residencial que el propio proyecto anulado”.
Por otra parte, Adif modificó el plazo de presentación de ofertas al procedimiento de contratación del proyecto, debido a la interposición de un recurso. El nuevo plazo se establece hasta las 13.00 horas del día 21 de septiembre.
