Los sindicados CESM, Prosagap Omega, TSP y CO-BAS, que son mayoría en la Junta de Personal del área sanitaria de Pontevedra, abrieron ayer una vía de diálogo con la Xunta de Galicia, después de que el pasado viernes solicitaran al Presidente Alfonso Rueda un interlocutor válido para atender sus demandas ante los problemas que estaban afectando especialmente a los PAC, a los transportes en ambulancia y a las urgencias hospitalarias.
Los sindicatos valoran positivamente el diálogo abierto pero insisten en que “el cese del actual Equipo Directivo es imprescindible para seguir avanzando”.
Los representantes de los trabajadores, uno de cada central sindical, se desplazaron a Santiago para mantener un encuentro con la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas, Ana María Comesaña, a quien le expusieron la “situación límite” que se vive en el área sanitaria de Pontevedra, y las demandas que consideran ineludibles para “revertir la situación y recuperar una Sanidad Pública de calidad, como ciudadanos y profesionales merecen”.
Los cinco sindicatos expusieron su rechazo frontal al Plan de Contingencias para cubrir las plazas de personal sanitario en los PAC, y reclamaron un Plan Específico para el Área de Pontevedra, “que atraviesa una situación insólita que no se vive en otras zonas de Galicia”.
Demandan en este sentido un Plan Funcional de Choque-Emergencia, dotado con los recursos económicos, humanos y materiales precisos “para recuperar la plantilla ideal y estable necesaria para garantizar una asistencia digna, eficiente y de calidad, y no hacerlo a costa de la supresión de los derechos de los trabajadores como vacaciones y permisos o con la prolongación de jornada”.
Agradecieron la actitud “conciliadora de la directora xeral de Recursos Humanos y el cambio de actitud de la administración”, y acordaron con ella la continuación de las negociaciones a partir del próximo martes, encabezando la representación del Servizo Galego de Saúde su gerente general, José Flores. Cabe recordar que esta negociación llega tras el ultimátum dado por estas cinco centrales sindicales para abrir una vía de negociación cuyo plazo terminaba ayer, incluso bajo la amenaza de una posible huelga.
