El Pleno de la Corporación de Poio aprobó en su sesión ordinaria de este mes de junio una moción, consensuada por todos los grupos (BNG, PSdeG-PSOE, Avante Poio y Partido Popular), para que el Ayuntamiento remita al Ministerio de Cultura y Deportes la documentación íntegra que obra en el expediente de la Casa Barroca de Combarro, instando al Gobierno central a que ejerza como propietario de este emblemático inmueble, “expropiado y pagado tal y como consta en la documentación existente”.

Esta medida, que ya fue anunciada hace unas semanas a los colectivos locales de Combarro, se lleva a cabo después de que el Concello constatara que en los dos últimos testamentos de la anterior propietaria de las dependencias, que datan de la década de los 90, no se incluía ningún bien inmueble situado en esta localidad.

Estos documentos únicamente hacen referencia a bienes muebles, que fueron cedidos a dos familiares residentes en Uruguay. “Así pues, se constata que, en el momento de la redacción de los testamentos, esta mujer no se consideraba propietaria de ningún inmueble en Combarro”, apunta la moción.

A la vista de los resultados alcanzados a través de esta labor de investigación, el Ayuntamiento también entiende necesario que la Dirección General del Catastro revierta la titularidad de la Casa Barroca, pasando a la situación de “en investigación”.

Hace falta recordar que fue a principios de 2021 cuando se modificó la dicha titularidad, lo que provocó “desconcierto y preocupación” entre el vecindario, el tejido asociativo de Combarro y el propio Ayuntamiento, ya que desde los años 70 se consideraba que la Casa Barroca era de titularidad pública, al ser expropiada por el Ministerio de Cultura a su propietaria.

La documentación relativa a los testamentos de la antigua dueña de las dependencias se suma a las indagaciones e investigaciones que el Concello de Poio impulsó desde que tuvo constancia del cambio de titularidad. Desde entonces, se recopiló diversa documentación, que hace referencia a la tramitación llevada a cabo en la década de los 70, y que incluye documentos contables del pago de la expropiación, por lo que “consideramos que el inmueble es propiedad del Ministerio de Cultura, tal y como el vecindario entiende”. Es por ello que la Corporación municipal insta ahora al órgano dependiente del Ejecutivo central a que “ejerza como propietario”, de manera que se garantice el uso público de las instalaciones.