La Policía Local de Poio denunció ante AESA y ante la Guardia Civil al piloto de un dron que puso en riesgo a un helicóptero que realizaba labores de extinción del incendio que se declaró el pasado 27 de mayo en A Caeira.

Los hechos se remontan al pasado 25 de mayo, cuando los agentes de la Policía Local de Poio se encontraban colaborando en la extinción de un incendio en la zona de Boavista (A Caeira). Sobre las 13:30 horas se recibió la llamada de la Guardia Civil solicitando la colaboración para localizar al piloto de un dron que está sobrevolando la zona del incendio e impedía que el helicóptero que se encontraba sobrevolando la zona para colaborar con las labores de extinción, pudiera aproximarse al lugar del suceso para realizar su labor y hacerlo con la máxima seguridad posible.

Tanto los agentes forestales como los agentes de Policía Local observaron el dron en la zona pero no pudieron localizar al piloto, observando que el helicóptero se tuvo que ausentar del lugar.

Este tipo de conductas pueden ser sancionadas con hasta 250.000 euros

Esta persona fue identificada posteriormente por los agentes de Policía Local de Poio y admitió ser él quien realizaba el vuelo y envió el vídeo a la policía. Desde la Policía Local se realizó un acta para comunicar los hechos a AESA y al Equipo Pegaso de la Guardia Civil (unidad especializada en la vigilancia del cumplimiento de la normativa aérea en el uso de este tipo de dispositivos) para instruir el correspondiente atestado por el grave incidente. Dicha acta incluyó un informe emitido por el Director de Extinción de incendios de la Xunta de Galicía, del distrito forestal correspondiente, en el cual se hace constar el riesgo al que se expuso el helicóptero por la presencia del artefacto sobrevolando la zona, según fuentes de la Policía Local. La persona identificada presentó el certificado de piloto a distancia, seguro de RC, por lo que se trata de un piloto de dron experimentado que debería conocer tal prohibición. Según fuentes de la Policía Local, este tipo de comportamientos pueden dar lugar a sanciones de hasta 250.000 euros.