La prórroga del contrato de la basura, por un año más, lleva la actual concesión hasta el próximo mandato municipal, con lo que será el gobierno local que surja de las urnas en mayo de 2023 el que apruebe, o no, la nueva adjudicación. Una xunta de goberno celebrada el jueves aprobó esta prórroga por un año, que obliga a la concesionaria PreZero (antes Cespa) a intensificar la recogida de biorresiduos, siguiendo el mandato de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se hará mediante campañas de información y sensibilización a la ciudadanía, comercios y locales de hostelería, que están obligados a separar los biorresiduos del resto de la basura.
El concejal responsable del servicio, Raimundo González, explicó que la nueva ley de residuos impone la separación y tratamiento de la fracción orgánica a partir de 30 de junio, con lo que Pontevedra tiene el deber de incrementar su grado de cumplimiento.
En cuanto a la prórroga del contrato, será por un año o hasta que entre en vigor el nuevo y tendrá un coste final de más de 6,2 millones de euros. González Carballo explicó que la prórroga supondrá que la concesionaria debe hacer un especial esfuerzo en el trabajo de inspección y sensibilización en la recogida de biorresiduos, para ajustarse al nuevo marco legal.
La normativa aprobada el pasado 8 de abril establece que las entidades locales de más de 5.000 habitantes tienen que recoger por separado la fracción orgánica desde el próximo 30 de junio, al igual que exige a los establecimientos comerciales la gestión de sus biorresiduos. Por este motivo, en la renovación del contrato de la basura habrá “un especial seguimiento a la recogida de los biorresiduos en el contenedor marrón”, explicó el concejal. La concesionaria intensificará la campaña de inspección y sensibilización domiciliaria como se realizó cuando se implantó este servicio.
3.000 domicilios
En la actualidad participan en el plan Composta unos 3.000 domicilios y 300 establecimientos comerciales. El contrato prorrogado tiene un importe de 5.952.193,76 euros anuales, pero está en tramitación una revisión de precios del último año de un 6,5%, que fijará la cuantía final en más de 6.280.000 euros, expuso el concejal.
