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La Audiencia juzga al trabajador de Ence por el altercado en el Concello

La vista será el próximo jueves | La Fiscalía pide un año de cárcel por los insultos a los concejales y las patadas al coche del alcalde

La Policía Local abre paso al coche del alcalde entre trabajadores de Ence el día de los hechos. | // R. V.

Casi un año después de los hechos, la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el jueves próximo el juicio contra Ramiro Cedeira, el trabajador de Ence para quien la Fiscalía pide un año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad por los altercados que se produjeron durante la ocupación por parte de empleados de la pastera el 11 de marzo de 2021 de las oficinas del Concello de Pontevedra.

Ocurrió sobre las 11.30 horas. Algunos trabajadores que estaban concentrados ante la sede de Michelena 30 para protestar por la postura del gobierno local contraria a la permanencia de la pastera en Lourizán decidieron irrumpir en las dependencias municipales en donde permanecieron casi tres horas.

A las 14.30 horas, cuando el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores y varios concejales del Ayuntamiento, abandonaron el edificio, la Fiscalía asegura que “el acusado intentó abalanzarse sobre el teniente de alcalde”, Tino Fernández, “siéndole impedido por los agentes policiales”.

El fiscal afirma que "tenía pleno conocimiento de que las personas que salían del ayuntamiento eran concejales y que la persona que conducía el vehículo al que dio patadas era el del alcalde, despreciando el principio de autoridad”

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Posteriormente, los manifestantes se trasladaron a la salida del aparcamiento subterráneo de la Plaza de España. El Ministerio Público asegura que cuando el alcalde Lores “salía del aparcamiento con su vehículo particular” fue necesario “realizar otro cordón policial, por cuanto los trabajadores de Ence le impedían, con gritos e insultos, la salida, destacando en este comportamiento” el acusado, indican, que “llegó a dar dos patadas al vehículo del alcalde que no sufrió desperfectos”. También resalta el escrito de acusación que el acusado profirió graves insultos contra el regidor. El Ministerio Público asegura que el acusado “tenía pleno conocimiento de que las personas que salían del ayuntamiento eran concejales y que la persona que conducía el vehículo al que dio patadas era el del alcalde, despreciando el principio de autoridad”. Es por ello que, además de la pena de prisión, reclama una pena de multa de siete meses a 7 euros diarios (1.470 euros).

Desde Comisiones Obreras se acusó al Concello de intentar “criminalizar las protestas y a los trabajadores de Ence” en este caso y anunció apoyo jurídico y moral del sindicato a este trabajador, rechazando la existencia de una actuación ilícita.

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