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Los sindicatos acusan a Lores de liderar una "dictadura encubierta" en el Concello

Protesta durante un pleno de los funcionarios municipales, que devolvieron su aguinaldo GUSTAVO SANTOS

Contradicciones, mentiras, despotismo, insultos, amenazas y presiones a los representantes de los trabajadores. Ramón Vidal y Ernesto García Pedrosa, secretarios comarcales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) no ahorraron descalificativos a la política laboral del Concello de Pontevedra y a la “incapacidad de diálogo y negociación” de la concejala de Persoal, Carme Fouces. En el caso del alcalde, Miguel Fernández Lores, lo acusan de lidrar "una dictadura encubierta".

No piden la dimisión de la edil, pero la acusan de "mentir y manipular la información real sobre el conflicto, enquistado debido a su intolerancia y desprecio a la labor sindical". También la responsabilizan de acciones de coacción y abuso de poder y en este escenario demandan que Fernández Lores asuma “su responsabilidad en el diálogo social, una responsabilidad que no es de los representantes de los trabajadores, que han sido ninguneados. Es él el que tiene que convocar a los representantes del personal y en esa reunión sentar las bases para la negociación, en la que no tendría que estar después necesariamente”.

Los representantes sindicales comparecieron conjuntamente en la mañana de este viernes para recordar que el conflicto laboral entre los sindicatos (5 organizaciones y una agrupación) y el equipo de gobierno de Pontevedra arrancó en marzo del pasado año “después de dos años aguantando la dictadura, mentiras y falta de respeto de la concejala de Personal”, criticaron antes de recordar que la problemática “afecta a la totalidad del personal” del Concello.

Recordaron que la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público obliga a las administraciones a estabilizar a sus trabajadores mediante un proceso regulado de negociación. “Con la mala fe negocial que caracteriza a este gobierno”, aseguran, “intentan diseñar, unilateralmente, un proceso basándose en la imposición, ocultando y tergiversando la documentación, además de ignorar sistemáticamente las alegaciones y demandas de la parte social”.

Ambos sindicatos (que no han acudido a las mesas de negociación convocadas ya que entienden que “no hay voluntad de negociación y diálogo” y son mera “apariencia” cuando lo que debe hacerse es establecer “nuevas bases” para resolver el conflicto) acusan al equipo de Fernández Lores de escudarse en una “falsa modernización de la administración” para encubrir la precariedad laboral.

En concreto, apuntan a que la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), el instrumento de organización de plazas y sus funciones, fue aprobada con el PP en el año 1999, “En el periodo de gobierno de Lores, que se presenta como defensor de los trabajadore, antes de las elecciones municipales de 2019 y tras un importante conflicto con la policía, llegó a un acuerdo con una amplia mayoría de las fuerzas sindicales, pero el mismo Lores y Fouces decidieron en 2020 romper este acuerdo que actualizaba y modernizaba las funciones d ellos puestos”.

También acusan al gobierno local de no respetar e incluso incumplir el acuerdo vigente, de carecer de un Plan de Igualdade que “ni se hizo ni hay interés en hacerlo, y ahí es donde se demuestra la política feminista”, señalaron.

Acusan a Fernández Lores de hacer “una política de derechas en gallego”, de externalizaciones “con múltiples ingenierías financieras y laborales” para cotratar asistencias técnicas, empresas etc, sin ningún rescate de las concesiones privatizadas

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Los sindicalistas pidieron al alcalde “sensatez y coherencia” ya que “dice defender a los trabajadores cuando son de otros, pero con los suyos ni se sienta a negociar” y no ha aceptado “ni una sola de las alegaciones que presentamos”. También hicieron hincapié es que “es significativa la unanimidad de los representantes de los trabajadores” en el conflicto, “con independencia del sindicato”.

Acusan a Fernández Lores de hacer “una política de derechas en gallego”, de externalizaciones “con múltiples ingenierías financieras y laborales” para conratar asistencias técnicas, empresas etc, sin ningún rescate de las concesiones privatizadas.

Lo que le pide a la Xunta, Diputación y el Gobiero central de rescatar servicios públicos, que se lo aplique él”, emplazó Ramón Vidal.

Las centrales acusan al gobierno local de desatender las múltiples peticiones de carrera profesional demandada por los representantes de los trabajadores y aseguran que la ausencia de negociación “nos obliga a recurrir a los juzgados en temas como el incumplimiento de pagos a trabajadores o la imposición de localización permanente a policías, bomberos y brigadas etc.

Responsabilizan al equipo de Fernández Lores de sobrecargar “todos los servicios” y de manipular en sus declaraciones ya que “cuando dicen que crean empleo, no es una cobertura real de las plazas, mayoritariamente optan por múltiples listas de reserva de trabajo temporal, así por continuas asistencias técnicas, en una nueva forma de privatización encubierto”.

Abusos e imposición de horas extras y aumento de la jornada y de la carga de trabajo por falta de personal son otros aspectos que denuncian los representantes sindicales.

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