Los propietarios del desguace de vehículos ubicado en Vilafranca, Marcón, presentaron un nuevo recurso contencioso administrativo frente al proyecto de demolición impulsado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU). Este recurso dilata nuevamente el procedimiento de ejecución forzosa de la orden de demolición, dictada en 2006, según explica el director de la APLU, Jacobo Hortas.
En una carta dirigida al presidente de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio de Marcón, Hortas García explica que en diciembre de 2020 la APLU inició el procedimiento de ejecución forzosa de la orden de demolición, que le permite ejecutar de forma directa la resolución de reposición de la legalidad urbanística, anticipando medios y recursos económicos propios de la Administración pública, para luego reclamárselos a la propiedad. En este sentido, en los años 2021 y 2022 se iniciaron las actuaciones pertinentes para elaborar el proyecto de demolición y proceder “lo más pronto posible” a la contratación pública de las obras, que tiene como objetivo “reponer la legalidad urbanística infringida”, explica Hortas. Sin embargo, la propiedad del desguace, situado en el Camiño das Fontiñas (Vilafranca, Marcón), interpuso de nuevo un recurso frente a estas actuaciones, que retrasan una vez más la ejecución.
El director de la APLU reitera a los padres de alumnos de Marcón que la Xunta “está centrada en realizar los trámites administrativos necesarios para proceder a la retirada de esta nave industrial y reponer los terrenos a la legalidad urbanística”.
“Confiamos en que en este 2022 dispongamos de un proyecto de demolición y podamos contratar los trabajos y ejecutarlos"
“Confiamos en que en este 2022 dispongamos de un proyecto de demolición de obras y podamos efectuar los procedimientos correspondientes para contratar los trabajos y ejecutarlos inicialmente con cargo a fondos de la Xunta de Galicia, para posteriormente girarlos a la propiedad, que es la obligada realmente a la demolición y reposición de los terrenos”, que “constituye nuestro objetivo final”, afirma Jacobo Hortas en su misiva a los padres y madres de alumnos del colegio de Marcón.
En su carta, Hortas asegura que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística “está procediendo al cumplimiento de la orden demolición de esta nave industrial”. La orden fue dictada en el año 2006, pero tuvo y sigue teniendo un largo recorrido judicial. La obligación de la reposición de la legalidad urbanística “es siempre un deber inherente a la propiedad de los terrenos”, recuerda Jacobo Hortas. La orden de demolición de 2006 se dirige por lo tanto ante la persona jurídica que consta como propietaria y promotora de las obras.
Está resolución inicial fue declarada firme en vía administrativa por la Xunta de Galicia en 2008 y posteriormente fue recurrida tanto en el Juzgado Contencioso Administrativo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y también ante el Tribunal Supremo, para alcanzar plena firmeza en el año 2013.
La APLU --expone el director de la agencia—“trató desde entonces de doblegar la voluntad de la propiedad” en el incumplimiento de la orden de demolición, imponiéndole varias multas “que no alcanzaron el efecto esperado”. Por este motivo, en diciembre de 2020 la APLU pudo iniciar el procedimiento de ejecución forzosa subsidiaria de la demolición incumplida, que le permite ejecutar de forma directa la resolución de reposición de la legalidad anticipando medios y recursos económicos propios que luego serán trasladados a la propiedad.
