Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin permiso o negarse a realizar la prueba con el etilómetro puede llevar a la cárcel. Los delitos contra la seguridad vial son los más comunes en las diligencias que abre la Fiscalía y los juzgados pontevedreses. Representan un 44% de las sentencias dictadas por los magistrados de la provincia en el ámbito penal y aunque, si bien es cierto que en una primera ocasión es muy difícil ser condenado a una pena privativa de libertad por estos comportamientos, salvo los casos más graves, la reiteración o incluso el incumplimiento de las medidas alternativas impuestas están llevando a muchos pontevedreses a ingresar en A Lama y en otros centros penitenciarios.
Los datos demuestran además que Pontevedra es una de las provincias que tiene un mayor problema en cuanto a la reiteración de la delincuencia vial. Según el único estudio realizado hasta el momento por el Ministerio del Interior que analiza la repercusión de los delitos contra la seguridad del tráfico en la población penitenciaria (que data de 2020), Pontevedra es la quinta provincia con más personas en prisión por este tipo de delito. Tan solo Madrid, Málaga, Sevilla y A Coruña (la provincia gallega con peores datos) tienen un porcentaje de población reclusa mayor que Pontevedra que se sitúa en un 5,7% de los casos registrados en España. En números generales, empata también en el quinto lugar con Valencia, con una media de 53 ingresos al año.
La provincia acumula un 5,7% de los internos en centros penitenciarios por este tipo de delito
Este mismo estudio señala que la principal causa de ingreso en prisión para el cumplimiento de una condena por un delito contra la seguridad vial es conducir a pesar de no disponer del permiso para ello o haber sido retirado por orden administrativa o judicial, con un 54% de los internos de las cárceles. El segundo delito más repetido con un 16,7% es la conducción temeraria y el tercero la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas con un 16,5%.
Sin embargo, fuentes judiciales y de Tráfico explican que estos datos hay que analizarlos con cierta cautela. Aunque pueda parecer que la conducción alcohólica es uno de los delitos con menor probabilidad de llevar a prisión, lo cierto es que en la mayoría de los casos el alcohol está en el inicio del camino hacia una celda en A Lama. Y es que muchas de las condenas por conducción sin permiso se imponen a reincidentes que quebrantaron las condenas en las que se les retiraba el derecho a conducir, precisamente, al ser condenados por conducciones alcohólicas. Es decir, primero son condenados por alcoholemias positivas y posteriormente son detectados al volante a pesar de la prohibición de conducir (en muchas ocasiones se dan incluso los dos delitos a la vez).
A los primeros delitos por conducción alcohólica se suman después los reiterados incumplimientos por conducir sin carné
Esta reincidencia acaba con la imposición de penas de prisión. Son relativamente bajas, pero la reincidencia provoca que estas sentencias tengan que ser ejecutadas y el juzgado reclama al acusado para su ingreso en prisión. Aunque muchas de estas ejecutorias se recurren, la mayoría de las impugnaciones son rechazadas en la Audiencia Provincial. Los tribunales son claros y los ejemplos múltiples: Es el caso de un conductor multirreincidente que sumaba cuatro condenas anteriores y en las que ninguna de ellas, además acarreaba responsabilidad civil alguna. El carácter repetitivo de su conducta impedía la suspensión de la pena privativa de libertad que solicitaba por quinta vez.
En este caso se trata de un pontevedrés condenado a cuatro meses de prisión por conducir pese a tener prohibido hacerlo, cuatro meses por conducción bajo los efectos del alcohol y otros cuatro meses por negarse a realizar la prueba de la alcoholemia, lo que suma un año de cárcel. Su primera sentencia condenatoria había sido una pena de multa por conducción bajo los efectos del alcohol dos años antes que se saldó con una multa.
Otra de las causas que muchos conductores no esperan que les lleve a prisión es el impago de las multas impuestas por la vía penal en este tipo de delitos
Otra de las causas que muchos conductores no esperan que les lleve a prisión es el impago de las multas impuestas por la vía penal en este tipo de delitos.
Es el caso de un conductor que a principios del pasado año recibió la comunicación del juzgado de lo Penal 1 apremiándole a que procediera “en el plazo de diez días hábiles a ingresar en el centro penitenciario de A Lama” para cumplir una pena subsidiaria de 9 de prisión por el impago de la multa que se le había impuesto en sustitución de la misma. Y es que no hay que confundir los efectos de las sanciones económicas administrativas con las penales.
Fuentes judiciales de la Audiencia Provincial señalan que, aunque a nivel judicial no disponen de estadísticas que demuestren el incremento del número de conductores que acaban ingresando en prisión por delitos contra la seguridad vial, no dudan en afirmar que la “tendencia es claramente al alza” , dado que cada vez son más las personas ya penadas y “el nivel de reincidencia es elevado”.
Entre 1.300 y 1.500 conductores bajo vigilancia en el área
En el ámbito de la vigilancia y la prevención, la Guardia Civil de Tráfico disponen de equipos y patrullas especializadas en el seguimiento de entre 1.300 y 1.500 conductores considerados de “riesgo” dado que son reincidentes. Así lo explicaba en su día el equipo dedicado a esta labor solo en el área de Pontevedra, O Salnés y Umia. Agentes que se han encontrado con ejemplos de récord, como un vilagarciano que en 2020 ya acumulaba hasta 13 condenas por delitos contra la seguridad vial, o conductores que ya tienen el carné retirado hasta el año 2032 “pero les da igual y siguen conduciendo”.
Hay casos como el de un vilagarciano con 13 sentencias condenatorias ya en su haber o conductores con el carné retirado hasta 2032
En muchas ocasiones, detrás de algunos de estos episodios de reincidencia más graves se esconden también problemas crónicos de alcoholismo o de carácter social que no solo deben ser abordados desde el punto de vista punitivo sino también en coordinación con los servicios sociales. “Hay familias enteras que se han quedado sin el carné”, indicaban en su momento estos agentes de Tráfico. En lo que están de acuerdo todos los agentes implicados en esta problemática es que la solución pasa también por la educación y por un mayor reproche social hacia este tipo de comportamientos. El estudio del Ministerio del Interior es claro en esto: Es una problemática que afecta a todos los usuarios de la carretera y a gran parte de la ciudadanía, tanto como posibles perjudicados por uno de estos comportamientos penales como posibles actores del mismo. Y es que la sociedad también debe acabar por percibir que el delito contra la seguridad vial es tan reprobable como cualquier otro pues detrás de ellos también hay muertes y lesiones graves como resultado.
Alta incidencia de acusados por homicidio involuntario con vehículos a motor
El estudio realizado por el Ministerio del Interior también explica que Pontevedra es una de las provincias con más incidencia de personas condenadas por delitos de homicidio imprudente cometido por una persona con un vehículo a motor. Un ilícito que no se incluye en la categoría de contra la seguridad vial, sino en los de homicidio, pero que se han querido tener en cuenta en este estudio por primera vez para analizar esta problemática. Son dos personas de media al año en la provincia las que ingresan en prisión por causar la muerte a alguien de manera imprudente en un accidente de tráfico con una media de estancia en prisión de cuatro años.
El comiso del automóvil, una medida cada vez más adoptada
Los recursos y las sentencias que están dictando los tribunales pontevedreses incluyen, cada vez con mayor frecuencia, el comiso del vehículo con el que los conductores reincidentes cometen sus delitos. Esto provoca que, en ocasiones, vuelvan a ser pillados al volante con coches a nombre de terceros. Cabe recordar que esto puede suponer también un serio perjuicio para el titular del vehículo que, si es consciente de la situación del penado, podría incurrir en infracción y también perder del coche en cuestión.
