El exalcalde de Campo Lameiro se sentará la próxima semana en el banquillo de la Audiencia, junto con otros dos acusados más, por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de una depuradora existente en el polígono industrial de A Facha. Los hechos sucedieron entre 2014 y 2015, cuando Julio Sayáns encabezaba el consistorio de Campo Lameiro.
En el banquillo estará acompañado, si no se produce un acuerdo previo, un ingeniero que se encargó del apartado técnico del proyecto, y la entonces secretaria municipal.
El fiscal acusa al exalcalde de un delito de falsedad de documento público, oficial o mercantil cometido por una autoridad o un funcionario público y otro contra la ordenación del territorio o contra la disciplina urbanística. Por el primero pide cuatro años y seis meses de prisión, quince meses de multa con una cuota diaria de 9 euros y cuatro años de inhabilitación para cargo público, mientras que por el segundo se solicitan dos años y nueve meses de prisión, 18 meses de multa a razón de 9 euros diarios y tres años y seis meses de inhabilitación como promotor o constructor.
A la secretaria municipal de entonces se le acusa de un delito de prevaricación urbanística, por el que se piden doce años de inhabilitación para cargo público, dos años y seis meses de prisión y 18 meses de multa con una cuota diaria de 9 euros.
Por su parte, la Fiscalía considera al ingeniero responsable de un delito de falsedad de documento público y otro contra la ordenación del territorio. Por el primero pide un año y nueve meses de prisión y diez meses de multa a razón de 12 euros diarios, y por el segundo, dos años y nueve meses de cárcel, 18 meses de multa con 12 euros diarios y tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer como promotor o constructor. El fiscal también reclama la demolición de las obras y la reposición de la zona a su estado original.
Según su escrito, en 2013 el Concello de Campo Lameiro constató la necesidad de modificar o sustituir la citada depuradora, por lo que el alcalde “comenzó la búsqueda de una persona que elaborase el proyecto”. El elegido es el ingeniero ahora acusado.
Ya en este proceso hasta el inicio de las obras el fiscal detectó supuestas irregularidades, por las que se investigó también a la secretaria, pero en la fase de ejecución se acordó “verbalmente” un cambio de ubicación de la depuradora “que provocó que quedase instalada sobre dos parcelas, una de ellas de una empresa y en la obra estaba prohibida instalaciones de este tipo”.
