La Fiscalía de Delitos Económicos mantiene abierta la investigación sobre el contrato de alquiler municipal de un monte de A Canicouva para hacer una planta de compostaje, firmado en 2015, pero que a día de hoy aún no existe. Después de que hace unas semanas solicitara al Concello la documentación al respecto a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular de Pontevedra, el fiscal ha llamado ya a declarar al menos a dos funcionarios municipales y prepara la citación de otros empleados públicos y alguno de los comuneros de aquella parroquia.
Tal y como recuerda el PP en su denuncia, el Concello está pagando 20.000 euros al año a la Comunidad de Montes de A Canicouva por esta parcela para albergar una planta que, hasta ahora, nunca se ha ejecutado. Se da la circunstancia de que el gobierno local ultima un concurso para adjudicar el nuevo contrato del servicio de basuras que incluye la creación de esa planta, en la localización prevista de A Canicouva, por un importe de algo más de diez millones de euros.
Sin embargo, el PP sostiene que aquel alquiler ya tendría que ser anulado ya que una cláusula del contrato con la comunidad de montes indica que el contrato se extingue a los cuatro años, si no se ha construido la planta en ese tiempo, plazo ya superado.
El portavoz del PP, Rafael Domínguez asegura que antes de presentar la denuncia –el pasado 9 de noviembre–, consultó el asunto a varios juristas y “hay unanimidad en todos ellos” sobre la irregularidad del caso. La Fiscalía de Delitos Económicos pretende que el Concello justifique el gasto de 100.000 euros desde 2015 por una parcela que sigue vacía.
Desde el gobierno local se apuntó en su día que el contrato recoge que se prorroga automáticamente y seguirá en vigor indefinidamente si una de las partes no lo denuncia. El concejal César Mosquera lamentaba en diciembre que el PP se dedique a buscar causas penales en el juzgado “que finalmente se quedan en nada” y aseguró que en este caso ocurrirá lo mismo porque “no hay nada de nada” ilegal, afirmó. Recordó que el contrato y su prórroga está en manos de los funcionarios municipales que validan su legalidad. En el mismo sentido aseguró que este 2022 se volverá a pagar el alquiler “si los funcionarios lo ven bien y aprueban el pago”. El concejal confía en que la planta de compostaje pueda estar en marcha “si todo va bien” en 2023.
El PP pregunta por el destino del dinero desde 2015
Según el concurso para el servicio de basuras, la planta de compostaje de A Canicouva se ejecutará en el plazo máximo de tres años desde la ejecución salvo que los estudios técnicos y económicos consideren que “resulta inviable”, una aclaración que para el PP podría suponer no ejecutar finalmente ese recinto. Por ello la concejala Pepa Pardo calificó ayer de “tomadura de pelo” que el gobierno local dude de la viabilidad de la planta de compostaje proyectada en A Canicouva. “¿Cómo es posible que llevemos cinco años pagando por unos terrenos para una planta de compostaje que nos han costado a todos los pontevedreses más 100.000 euros y ahora digan que es posible que no se lleve a cabo esa construcción? Es una tomadura de pelo que se haya tirado tal cantidad de dinero”, declaró. “No sé cómo al concejal de residuos y a la los concejales de Gobierno no se les cae la cara de vergüenza, ¿Para qué ha destinado esta cantidad de dinero entonces?”. “Estos terrenos no han sido ni tocados por el Ayuntamiento. Han tirado el dinero de todos los pontevedreses en un proyecto que ahora parece que no tiene viabilidad”, subrayó la popular. El PP destaca que este anuncio se produce después de que se hiciese público que la Fiscalía está investigando el contrato de alquiler de los terrenos, entre el Concello y la Comunidad de Montes de A Canicouva.
