Un total de 952 personas están inscritas a día de hoy en Pontevedra en el Rexistro Único de Demandantes, la misma cifra, en términos generales, que hace un año. Sin embargo, sí se observa un cambio de tendencia entre las familias que buscan un piso social o protegido. Si antes se apostaba más por la compra, en la actualidad, esta modalidad parece “en extinción”. De los 952 solicitantes inscritos en ese registro, más del 90% (en concreto 870) opta por el alquiler (en algunos casos con una posterior opción de compra) y 850 de ellos busca una vivienda de promoción pública, las que ejecuta y adjudica directamente la Xunta. Otros seis las quieren específicamente en el centro histórico, y ocho más solicitan viviendas de promoción privada con algún tipo de protección.
La demanda oficial de vivienda en la ciudad apenas ha variado en el último año, lo que ha provocado que Pontevedra deje de figurar en tercer lugar entre todas las siete ciudades gallegas en este apartado. Lugo ha adelantado a la urbe del Lérez, con casi 1.200 familias inscritas. Eso sí, en Pontevedra, la inmensa mayoría de las solicitudes se concentra en la vivienda de promoción pública, una oferta muy escasa en la ciudad, si bien el Instituto Galego de Vivenda (IGVS), maneja planes para ampliar este parque específico, en concreto en Valdecorvos.
Este anuncio podría provocar en los próximos meses un aumento de inscritos en el registro oficial, pero para ello hay que cumplir una serie de requisitos. Las VPP son construidas y gestionadas directamente por la Administración autonómica. Para poder residir en un inmueble de estas características, el núcleo familiar del aspirante debe ingresar menos de 11.200 euros al año, o lo que es lo mismo, por debajo de 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples).
Las VPP están pensadas para garantizar el acceso a la vivienda de las familias con escasos recursos económicos, con grandes complicaciones para poder alquilar un piso en el mercado libre, especialmente en las ciudades, donde los precios están por las nubes, por encima de los 600 euros mensuales en muchos casos en Pontevedra. Sin embargo los alquileres sociales no suelen superar los 125 euros al mes.
Las VPP están pensadas para garantizar el acceso a la vivienda de las familias con escasos recursos, con grandes complicaciones para poder alquilar un piso en el mercado libre. Los alquileres sociales no suelen superar los 125 euros al mes
En lo que respecta a las viviendas sociales en régimen de compra, el interés es absolutamente testimonial, con solo 50 demandantes en todo el municipio, una de las cifras más bajas de los dos últimos años. En cuanto a los requisitos que se establecen para poder hacerse con una VPP en propiedad, el inquilino debe alcanzar los diez años de contrato de arrendamiento, tener unos ingresos superiores a 1,5 veces el Iprem, estar al día en los pagos con la comunidad de vecinos y de los impuestos que genera la vivienda.
Precisamente esta tendencia de descartar la compra a favor del alquiler, esté detrás del programa anunciado por la Xunta, que ofrece ayudas de hasta 20.000 euros para adquirir una vivienda protegida. En 2001 en toda Galicia, se otorgaron un total de 40 subvenciones por 450.000 euros, agotándose el crédito previsto. El plazo de solicitudes ya está abierto, hasta el 30 de septiembre y los beneficiarios podrán acceder a una ayuda equivalente al 20% del coste del inmueble, con un límite de 20.000 euros en el caso de solicitantes menores de 35 años y que habían comprado su vivienda en una ciudad. Para el resto, el importe máximo dependerá de la edad y del área geográfica en la que esté localizada.
Apenas el 47% de la oferta, a menos de 600 euros al mes
El bono joven de ayuda al alquiler anunciado por el Gobierno no llegara a la mayoría de los jóvenes. Es una de las principales conclusiones que muestra el análisis “Impacto del bono joven según la oferta y los precios” realizado por Fotocasa, en el que se analiza la oferta de vivienda igual o inferior a 600 euros existente en las 50 capitales de provincia españolas. Según los datos del portal inmobiliario, solo el 38,8% de la oferta de viviendas en alquiler de las 50 capitales de provincia cumplen con el límite de renta de los 600 euros. En el caso del municipio de Pontevedra, el porcentaje de la oferta por debajo de esa barrera es del 46,9%, si bien la Xunta podría regular el límite del precio hasta los 900 euros al mes. Por otra parte, Pontevedra es una de las seis ciudades españolas en las que el alquiler de la vivienda requiere un esfuerzo económico menor. Concretamente, lo pontevedreses destinan de media un 2% de sus ingresos familiares al pago de la renta.
Solo Palencia, Ourense y la ciudad autónoma de Melilla, con un 22, y Huesca, con un 23%, tienen mejores datos que Pontevedra, que está igualada con Soria en ese 24% de los ingresos destinados al alquiler. A nivel autonómico, la ciudad del Lérez es, por tanto, la segunda en la que alquilar supone menos esfuerzo económico, solo superada por Ourense. Lugo es la capital gallega con un porcentaje más alto de ingresos destinados al pago de la renta, con un 27, seguida de A Coruña, con un 25%. Por el contrario, hay ocho capitales españolas en las que los ciudadanos que optan por vivir de alquiler tienen que destinar más de la recomendación de un tercio de sus ingresos al pago de la renta. Santa Cruz de Tenerife está a la cabeza con un 39%, seguida de Almería, con un 37, y de Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Segovia y Madrid, con el 36% en los cuatro casos. Además, Lleida y Sevilla comparten una tasa de esfuerzo del 35%
Medio centenar de hogares previstos en Valdecorvos
Hace cinco años, en 2016, se entregaron los pisos de la última gran iniciativa de viviendas de promoción pública (VPP) que ejecutaba la Xunta en la ciudad. Eran los 132 pisos ejecutados en el polígono residencial de Valdecorvos. Después de ese proceso, apenas alguna vivienda que había quedado vacía y los tres pisos rehabilitados en la calle Alemania de Monte Porreiro y entregados en abril. Precisamente Monte Porreiro fue durante años el único lugar del municipio donde se habilitaron pisos de promoción pública, alrededor de 500, pero la urbanización de Valdecorvos, hace más de una década, hizo girar el foco hacia ese punto. De hecho, el IGVS ya tiene en marcha el segundo gran plan residencial en esa zona, aunque con menor oferta que el primero. Se trata de una promoción de 52 viviendas sociales previstas en un solar de 4.620 metros cuadrados denominado P16 y donde levantarán bloques compactos. Se localiza en una vertiente de la avenida de Lugo, junto al ramal de bajada desde esta calle hacia el polígono. Para comenzar el proceso, el IGVS ya ha reservado en sus presupuestos de 2022 una partida inicial de 433.000 euros, con los que se financiarán los proyectos técnicos y algunos trámites más.
