El diputado del Partido Popular José Manuel Balseiro confirmó en la mañana de este miércoles en el Parlamento Galego que la Xunta está dispuesta al traslado de sus instalaciones en las marismas de Alba en Pontevedra, si bien matizó que “corresponde al Concello o a la administración titular de estos terrenos ofertar a la administración gallega unas nuevas dependencias, en un emplazamiento consensuado y asumiendo los costes de construcción y traslado”.

Balseiro criticó que el Ayuntamiento de Pontevedra haya anunciado "a bombo y platillo que quiere recuperar todas las concesiones en terrenos de costa, incluidas las de la Xunqueira de Alba, pero quiere hacerlo aplicando la ley del mínimo esfuerzo: pidiendo a las empresas y administraciones que renuncien a sus concesiones a cambio de nada y sin presentar un plan de alternativas”.

El diputado popular recordó en este punto que la Xunta cuenta en ese espacio natural con una nave para diversos servicios y para almacén de maquinaria y vehículos “en pleno uso y aprovechamiento, al igual que en estos terrenos también están presentes la Diputación y la Administración General del Estado y otras instalaciones de la Dirección General de Trafico”.

Balseiro criticó que el Concello quiere recuperar las concesiones de la Xunqueira de Alba aplicando la ley del mínimo esfuerzo: pidiendo a las empresas y administraciones que renuncien a cambio de nada y sin presentar un plan de alternativas”

La Diputación anunció su intención de cerrar la Imprenta Provincial, que se trasladará al polígono de Barro, para facilitar la liberación del espacio natural. Por su parte, explica el diputado popular, la Xunta está dispuesta a seguir el ejemplo y “no se opone al traslado”, si bien “lo que no consideramos conveniente es que tenga que ser la administración gallega quien lidere ese proceso”.

Por este motivo, incidió en que corresponde al Ayuntamiento de Pontevedra o a la administración titular de los terrenos de la marisma “proponer un nuevo emplazamiento consensuado con la Xunta para sus instalaciones, asumiendo los costes de construcción y traslado”.

 José Manuel Balseiro destacó que “ni el convenio firmado entre la Xunta y el Concello, ni la figura de protección ambiental que existe en esa zona obliga a poner fin a esos usos, ni a dar por caducadas esas concesiones”.