El Ministerio de Transición Ecológica no ha solicitado "ningún tipo de estudio" para la búsqueda de localizaciones alternativas en Galicia a la factoría de Ence en Pontevedra. Así lo desveló hoy la senadora del PP, Pilar Rojo, tras dar a conocer una respuesta del Gobierno a una pregunta suya a este respecto. El encargo de un estudio a la Universidad de Vigo para buscar posibles localizaciones alternativas para la pastera era uno de los acuerdos que se alcanzaron en la mesa de diálogo. Además, en su respuesta el Ministerio se muestra tajante y "remarca que lo que corresponde hacer a todo gobierno es cumplir la ley y acatar las sentencias judiciales", dicen. "En este caso, tres sentencias de la Audiencia Nacional que han anulado la prórroga de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que tenía Ence".
Así, la senadora del PP de Pontevedra, Pilar Rojo, señala que el Gobierno central no está haciendo “absolutamente nada” para intentar garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de Ence. Ante estas respuestas, Rojo dice que las respuestas “son claras y desvelan que el Gobierno no está tomando ninguna iniciativa”.
Para Pilar Rojo, las respuestas evidencian que el Gobierno central "no está haciendo absolutamente nada" para intentar garantizar los puestos de trabajo de Ence.
En cuanto a la falta de encargo de un estudio a la Universidad de Vigo, como había trascendido de la mesa de diálogo, para Rojo, esta es una “evidencia de que los puestos de trabajo de Ence no están en la agenda ni en la preocupación del Gobierno ni del PSOE”.
Del mismo modo, también lamenta la falta de compromiso para estudiar la viabilidad de la adscripción de los terrenos de Ence al Puerto de Marín, tal y como se comprometió la Ministra Ribera durante la reunión que mantuvo en Madrid con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Así, la preguntas de la senadora para acceder a los informes jurídicos a los que hizo referencia el Secretario de Estado de Medio Ambiente en relación la esta adscripción de los terrenos, desde el Ministerio reconocen que ni se solicitó ni se dispone de este informe. “Más anuncios y compromisos vacíos del Gobierno central. Como siempre y como en todo, están mintiendo. No es verdad nada del que anuncian”, denuncia. En la respuesta, el Gobierno reconoce que no dispone de ningún informe jurídico propio ni lo ha solicitado", pero sí tiene "conocimiento de un informe jurídico que el Concello de Pontevedra solicitó en 200%" en el que se descarta esa posibilidad.
Por contra, la popular recuerda que hay un informe favorable y unánime del Consello Consultivo de Galicia que lo avala, y el Consejo de la Autoridad Portuaria aprobó iniciar el proceso, pero la última palabra le corresponde al Gobierno central. “Una decisión que parece que no van a valorar tampoco”, avanza Rojo, “ya que para el Gobierno esta propuesta se hace para tratar de evitar los pronunciamientos judiciales, cuando el objetivo es evitar el desmantelamiento industrial que afecta a los sectores forestal y logístico y garantizar la continuidad de los empleos en Pontevedra”.
Por lo tanto, según la senadora, “cada vez está más demostrado que cerrar la fábrica y echar a los trabajadores de Lourizán a la calle es el único objetivo que mueve a los que provocaron la situación en la que nos encontramos en Ence”.
