La Fiscalía ha solicitado informes al Concello de Pontevedra por el contrato de alquiler de un monte de A Canicouva para hacer una planta de compostaje, firmado en 2015, para la que a día de hoy no hay ni siquiera un estudio. El fiscal reclama estos informes a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular de Pontevedra. Su portavoz, Rafa Domínguez, explicó este jueves que el Concello está pagando 20.000 euros al año a la Comunidad de Montes de A Canicouva por esta parcela, sin que se haya hecho nada sobre el proyecto de la planta de compostaje proyectada.
El portavoz popular expone que el Concello ya ha pagado 100.000 euros por estos terrenos, sin ninguna contraprestación a cambio. Argumenta que una cláusula del contrato con la comunidad de montes indica que este se extingue a los cuatro años, si no se ha construido la planta en ese tiempo. Se pregunta también "qué ha hecho la comunidad de montes con ese dinero en todo este tiempo".
Domínguez apuntó que antes de presentar la denuncia --el pasado 9 de noviembre--, consultó el asunto a varios juristas y "hay unanimidad en todos ellos" sobre la irregularidad del caso.
Sin embargo, el concejal de Mobilidade de Pontevedra, César Mosquera, recordó que el contrato recoge que se prorroga automáticamente y seguirá en vigor indefinidamente si una de las partes no lo denuncia.
El edil nacionalista lamentó que la oposición municipal ocupe todas sus energías en buscar causas penales en el juzgado “que finalmente se quedan en nada” y aseguró que en este caso ocurrirá lo mismo porque “no hay nada de nada” ilegal, afirmó. César Mosquera recordó que el contrato y su prórroga está en manos de los funcionarios municipales que validan su legalidad. En el mismo sentido aseguró que este 2022 se volverá a pagar el alquiler “si los funcionarios lo ven bien y aprueban el pago”. El concejal confía en que la planta de compostaje pueda estar en marcha “si todo va bien” en 2023.
