La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidió archivar la denuncia presentada contra el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, por alertar a través de un vídeo interno que iba dirigido a los trabajadores de la compañía sobre la posibilidad de sufrir un "susto ambiental mayúsculo" en la factoría de Lourizán si no se ejecutaban las inversiones de mantenimiento y mejoras previstas como consecuencia de la anulación de la prórroga de la concesión.

Así, esta denuncia formulada por el PSOE local sigue el mismo camino que la que presentó la APDR por estos mismos hechos ante el juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra, que también sobreseyó el caso. La Fiscalía toma la decisión tras citar a declarar al presidente de Ence ante el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, en A Parda y tras recabar numerosos informes sobre las condiciones de seguridad en las que opera la empresa, incluida información de la propia Ence, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Transición Ecológica. Incluso también contó con unas diligencias realizadas por el Seprona de la Guardia Civil.

En su declaración, Colmenares insistió en la postura que ya defendió Ence tras saltar esta polémica, que las palabras en las que hablaba de un supuesto riesgo asociado a la caldera de recuperación y caustificación por es inestable habían sido sacadas de contexto y que la pastera opera con totales garantías de seguridad. El fiscal jefe, concluyó, en base a todas las diligencias practicadas que los hechos no tienen ningún tipo de reproche penal por delito ambiental y decide archivar las actuaciones.

SP mantiene la nota de Ence en Bono Basura y rebaja su perspectiva

La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha mantenido la nota crediticia de la empresa de energía y celulosa Ence en BB-, dentro del bono basura, "por la mejora de los precios de la celulosa y de la energía" y también por su "fuerte posición de liquidez".

Asimismo, la agencia ha cambiado su perspectiva sobre la papelera de "estable" a "negativa" para reflejar "el riesgo de anulación de la prórroga de su concesión en Pontevedra", según un comunicado remitido este martes.

La concesión de la empresa para operar en su actual emplazamiento, al lado de Marín, en la ría de Pontevedra, terminaba en 2018, pero en 2016, el anterior Gobierno la amplió hasta 2073, estando en funciones.

La prórroga fue recurrida por el ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría, y la Audiencia Nacional decidió el pasado mes de julio estimar los recursos y declararla nula, una decisión que fue recurrida por la empresa y a la que siguieron otros fallos del tribunal en el mismo sentido.

La Audiencia consideraba, de esta forma, que la resolución del 20 de enero de 2016 que autorizaba a Ence a mantener su actividad durante 60 años más, no aportó razones que justificaran, como exige la Ley de Costas, que la papelera tuviera que continuar en su actual emplazamiento para realizar su actividad, por lo que podría ser trasladada.

La Audiencia ponía como ejemplo otros casos como las fábricas de celulosa BHK o las de Torraspapel en Zaragoza y la Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga, que se sitúan junto a ríos en los que vierten sus residuos, y también con la fábrica que tiene la propia Ence en Navia, que está situada cerca de terrenos costeros, pero fuera de ellos