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Faro de Vigo

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Cascada de sentencias del Supremo contra las multas de Hacienda al sector de las orquestas

Son ya tres los fallos a favor de agentes y músicos este año -Hay al menos dos docenas de recursos más en marcha tras la nulidad del registro en las empresas del Grupo Lito

Sede de las empresas del Grupo Lito en 2015 en Caldas donde dos años antes se hizo el registro. | // N. P.

Entre los días 25 y 29 de noviembre de 2013 funcionarios de la Agencia Tributaria, con la autorización de un juzgado de lo Contencioso de Pontevedra, irrumpían en las instalaciones de las empresas del Grupo Lito en Caldas de Reis y lo que allí encontraron hizo temblar los cimientos del millonario negocio de las empresas gallegas, controladas en su mayor parte por el empresario Ángel Martínez Pérez, Lito, desde la citada sede que se conocía como “La Oficina”.

Aquel registro (que desvelaba una enorme cantidad de operaciones en “B” en todo el sector) tenía como objetivo recabar información que pudiera arrojar la existencia de irregularidades fiscales en siete empresas del Grupo Lito, pero los funcionarios se encontraron con ingente documentación que no solo afectaba a estas empresas sino a una gran cantidad de terceras personas; desde agentes que se encargaban de gestionar la contratación de los conciertos con las comisiones de fiestas, a músicos de las propias orquestas.

El propio Ministerio también anuló algunas de las regularizaciones de tal forma que ya no llegaron a los tribunales

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Aquel registro fue la base de los procedimientos penales iniciados contra Martínez Pérez, el “rey de las orquestas en Galicia”, de los que, por ahora, ha sido absuelto en uno de ellos y condenado en otro, aunque sin sentencia firme. Pero también fue el origen de múltiples procedimientos administrativos iniciados por la Agencia Tributaria para reclamar cantidades supuestamente defraudadas e imponer multas a decenas de agentes y músicos que aparecían reflejados en aquella documentación.

Es conocido que aquella primera absolución a Miguel Ángel Martínez Pérez por el juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra se basó, principalmente, en la anulación de aquel famoso registro. Y derribados los cimientos, toda la estructura del caso se ha venido abajo como un castillo de naipes.

Así, además de la batalla judicial que todavía libra Ángel Martínez Pérez en los juzgados por la vía, el Tribunal Supremo está anulando ahora, en cascada, todas las multas y sanciones impuestas por Hacienda a las decenas de agentes y músicos que supuestamente habían defraudado al fisco en aquellas operaciones registradas en “B” con las empresas de Lito. Recursos que se han interpuesto por la vía del Contencioso-Administrativo.

En julio de este año, el Supremo dictó las tres primeras sentencias anulando las emitidas previamente por el TSXG y que confirmaban inicialmente las sanciones impuestas por el Tribunal Económico Administrativo. El Supremo deja estas sentencias sin efecto, anula las multas y también la devolución de cantidades supuestamente defraudadas durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

En noviembre, el Supremo admitió a trámite otros cuatro recursos advirtiendo que lo que se plantea en ellos es “una cuestión sustancialmente idéntica a la que ya ha sido determinante de la admisión de tres recursos de casación” fallados en julio

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El pasado mes de noviembre, el Supremo admitía a trámite otros cuatro recursos y lo hacía además advirtiendo que lo que se plantea en ellos es “una cuestión sustancialmente idéntica a la que ya ha sido determinante de la admisión de tres recursos de casación” fallados en julio, en los que anulaba las sanciones de Hacienda.

Según explican desde el despacho de Caamaño, Concheiro y Seoane –CCS Abogados–, que representa a muchos de los afectados por estas reclamaciones a Hacienda, solo en su bufete se calcula que tienen en marcha al menos “dos docenas” de recursos de similares características que todo hace pensar que van a seguir el mismo camino que los tres primeros ya sustanciados.

El contenido de las tres primeras sentencias del Supremo es bastante contundente a favor de los recurrentes sobre las irregularidades que rodearon el registro realizado en la sede de las empresas del Grupo Lito y destacan que, aunque estaba autorizado judicialmente, se vició “no por su autorización, sino por su práctica”. Señala que en el procedimiento penal los tribunales ya hacen “consideraciones detalladas rotundas y graves” acerca del “modo y desarrollo del registro e incautación de documentación por parte de funcionarios cuya identidad no se conoce”. Señalan que el registro y “captación indeferenciada de documentación” se produjo además sin informar al juez de la aparición de documentación con datos referentes a terceros ajenos a las 7 empresas del Grupo Lito señaladas como objetivo del mismo.

Cadena de custodia

“En conclusión –dice una de las sentencias– podemos decir que admitiéndose en el ámbito administrativo la validez y eficacia de los hallazgos casuales para un nuevo procedimiento de inspección, no todo vale, porque la práctica del registro debe realizarse de forma idónea y proporcionada excluyéndose requisas generales e indiscriminadas”, dice el fallo, que también pone en duda la cadena de custodia.

Las cantidades reclamadas se situaban en ocasiones por debajo de los 120.000 euros que sitúan el línea divisoria entre la infracción administrativa y el ilícito penal, pero también hay casos que superaban con creces esta cifra.

Voto particular discrepante de un magistrado

La anulación del registro no solo llevó al Supremo a aceptar estos recursos por parte de agentes y músicos vinculados a las empresas del Grupo Lito, sino que incluso el propio Ministerio de Hacienda decretó la nulidad administrativa de alguna de las sanciones una vez se conoció el primer fallo absolutorio contra Lito, no llegando ya a la vía judicial. No obstante, las sentencias del Supremo cuentan todas ellas con un voto particular discrepante que considera que las sanciones y las cantidades a devolver debieron haberse mantenido por el Alto Tribunal. Considera el magistrado José Antonio Montero que sus compañeros de Sala se centran en la anulación de la entrada y registro por la sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra, ratificada luego por la Sección Segunda de la Audiencia, pero no tiene en cuenta que el TSXG o la propia Audiencia de Pontevedra y A Coruña han tenido en cuenta ese mismo registro para dictar sentencias de culpabilidad, aunque la de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, por ejemplo, contra Ángel Martínez Pérez por fraude fiscal, no sea todavía firme. Más allá del registro, cree que la actuación inspectora y sancionadora posterior corroboró los hechos y se desarrrolló correctamente. Es más, aún de haber algún vicio en el registro, cita al Constitucional señalando que “la actuación respetuosa del derecho fundamental hubiera conducido sin lugar a dudas al mismo resultado” y este es “la existencia de una contabilidad B y las operaciones opacas en las que los recurrentes eran protagonistas”.

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