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Faro de Vigo

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Una media de dos desahucios al día en Pontevedra

Un 77% de los desalojos se producen por incumplimientos en el pago del alquiler y solo dos de cada diez son por impagos de la hipoteca | El “escudo social” para colectivos vulnerables sigue activo hasta febrero de 2022

Protesta contra los desahucios en Pontevedra. RAFA VAZQUEZ

El análisis de cualquier estadística tras la COVID-19 debe afrontarse teniendo en cuenta el gran desajuste que produjo la pandemia en todos los ámbitos. En lo que respecta a la administración de Justicia, el CGPJ suele hacer balance trimestral de ciertos aspectos que permiten medir el impacto de la situación económica en la actividad judicial y, al revés, la tramitación de asuntos por parte de estos órganos permite obtener claves para entender el devenir económico y social.

Tras el parón por el COVID-19, las cifras se acercan cada vez más a los niveles anteriores a la pandemia

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En su último informe sobre el impacto de la crisis sobre los órganos judiciales, los datos del CGPJ denotan que tras el parón por el COVID-19, la realidad de los desahucios regresa y se sitúa ya cerca de los niveles previos a la pandemia.

Si se analizan los datos sin tener en cuenta la irrupción del coronavirus, las frías cifras nos hablarían de un 2021 nefasto en el que el número de desalojos practicados por los juzgados de la provincia de Pontevedra hasta el tercer trimestre del año creció la friolera de un 48% con respecto al mismo periodo de 2020. Un total de 496 inquilinos expulsados frente a los 338 del anterior ejercicio. Sin embargo, 2020 fue el año del confinamiento, de la paralización absoluta de la actividad judicial salvo los asuntos de mayor urgencia durante casi tres meses, y eso se refleja en las estadísticas: En el segundo trimestre del 2020 solo se llevaron a cabo 26 desalojos, frente a los 161 que se habían llevado a cabo en los tres meses anteriores.

Durante el confinamiento solo se llevaron a cabo 26 lanzamientos

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La actividad se va recuperando poco a poco hasta que son ya 496 desahucios practicados en Pontevedra hasta el 31 de octubre de 2021 y siguen al alza, aproximándose a los 640 de 2019, el último ejercicio sin anomalías que permitan realizar una comparación fiable. De hecho, en el tercer trimestre de 2021 se ejecutaron un número similar de lanzamientos al de ese año 2019 (155 y 158 respectivamente). Así, el 2021 lleva un ritmo de casi dos desalojos al día (1,9), similar al de 2019 cuando esta media era de 2,3.

La moratoria del Gobierno para las familias más vulnerables permanece activa hasta febrero de 2022

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Cabe recordar, además, que con motivo de la pandemia, el Gobierno aprobó una moratoria en los desalojos por motivos de impago del alquiler para colectivos vulnerables como parte del “escudo social” para hacer frente a la crisis sanitaria que se extiende ya desde el inicio de la pandemia y hasta el 28 febrero de 2022. Una iniciativa que también está frenando los desalojos que afectan a colectivos vulnerables y con compensaciones para los propietarios de los inmuebles. Unas medidas que permiten, también, que los juzgados puedan dictar la suspensión del desalojo de familias con menores u otros miembros vulnerables (personas dependientes o víctimas de violencia de género) cuando el propietario era un gran poseedor de vivienda y en determinadas condiciones.

Y es que, a diferencia de la anterior gran crisis, en la que los lanzamientos afectaban especialmente a los propietarios de viviendas compradas a través de una hipoteca, en los últimos años los desalojos se ceban más con las personas que no pueden hacer frente al alquiler.

Actualmente, el 77% de los lanzamientos que se producen en Pontevedra tienen su origen en el incumplimiento de la ley de arrendamientos urbanos, un total de 385; frente a los 101 por impagos de las letras de la hipoteca.

Concursos de acreedores

Otro dato económico que se desprende de la actividad judicial es el de los concursos de acreedores, que también crecieron si se comparan con 2020, aunque en los juzgados de lo Mercantil parece que se ha notado menos el efecto de la pandemia. Este año se presentaron 82 hasta el 31 de octubre frente a los 75 del ejercicio anterior. Son, en ambos casos, cifras superiores a las que ya se daban en 2019 cuando el número de empresas que solicitaron entrar en concurso fue de solo 61.

Lejos quedan las grandes cifras de la anterior crisis económica, en años como el 2013 cuando un total de 611 empresas se vieron abocadas a este proceso ante los tres juzgados de lo Mercantil en los tres primeros trimestres del año, la gran parte de ellas abocadas a la liquidación.

Escasa incidencia de la ocupación de viviendas, solo 22 en la provincia este año

Los datos del Poder Judicial también permiten realizar ya los primeros análisis de los efectos de la reforma de la Ley 5/2018 de modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas que se articuló como respuesta ante una supuesta proliferación de la toma de posesión de viviendas de manera ilícita por parte de terceros, los conocidos “okupas”. Los datos señalan que en el primer trimestre del año los propietarios de inmuebles de toda la provincia han utilizado esta nueva herramienta en apenas 22 ocasiones para instar al juzgado a ese proceso sumario y “ágil” para intentar recuperar la posesión de una vivienda. El pasado año, en el mismo periodo, el número de casos tramitados por los juzgados de Pontevedra fue de 24.

Multa de 120 euros por intentar entrar a dormir en una casa en Lérez


En otras ocasiones, estos intentos de ocupación se solventan por la vía penal. Es lo que ocurrió con una pareja de Pontevedra que fue sorprendida por agentes de la Policía Nacional en septiembre de 2019 intentando acceder a una vivienda deshabitada de Lérez para pernoctar en ella. Los Policías Nacionales sorprendieron al varón forzando la puerta de entrada con un martillo, mientras la mujer realizaba labores de vigilancia. Ambos fueron condenados por el juzgado de Instrucción 3 de Pontevedra por un delito de usurpación a una pena de multa de 120 euros, además de tener que abonar los daños causados en la vivienda y que ascienden a 586 euros. La acusada, que se encontraba en el lugar con sus maletas, alegó que acompañó al condenado porque “no tenía a donde ir” y que desconocía la falta de autorización para entrar al inmueble. El juzgado insiste que bien pudo concluir que no tenían permiso por el modo que estaba empleando su acompañante para abrir la puerta.

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