El Concello de Poio arrastra desde principios de agosto un conflicto con los socorristas que prestaron servicios de vigilancia y salvamento en las playas del municipio en los últimos dos veranos. Estos profesionales denuncian que el ayuntamiento les estaba pagando una cantidad inferior este año a la percibida en la campaña de 2020, “menos de lo que se les prometiera al contratarlos”, indican desde el PP.
La respuesta del gobierno local estuvo lejos de las pretensiones que aguardaban los socorristas. Además de no atender a esta petición, les envió una notificación reclamándoles la devolución de más de 400 euros de las nóminas del año pasado que, según el gobierno local, les habían abonado de más el verano pasado.
Este conflicto llevó a los trabajadores a solicitar su intervención en un pleno ordinario y exponer allí, ante la Corporación y los vecinos, su versión de esta problemática. La respuesta del Concello, en forma de decreto firmado por el alcalde, Luciano Sobral (BNG), y la secretaria del ayuntamiento, la desveló ayer el PP. En el decreto se concluye que la petición para intervenir en el pleno no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), por lo que no puede ser atendida.
Algo “grave” para el PP
En cuanto dicho decreto llegó a manos del PP local, el grupo popular mostró su indignación por este hecho. Para los de Ángel Moldes “es intolerable que el alcalde le prohiba a trabajadores municipales expresar sus quejas de forma pública en el pleno municipal” tras presentar su solicitud “en tiempo y forma”.
Moldes: "Es intolerable que el alcalde prohíba a trabajadores municipales expresar sus quejas de forma pública en el pleno"
Los populares califican de “grave” lo sucedido y aseguran que “lo que está pasando con el tripartito de Poio no había pasado nunca, primero el alcalde Sobral firma un decreto prohibiendo el acceso del grupo mayoritario de la Corporación, el PP de Poio, a un expediente municipal y ahora, más grave aún, prohíbe a trabajadores municipales expresarse libremente y de forma regulada en el pleno municipal”.
El decreto se basa en las disposiciones del ROM y de la propia Ley de Bases de Régimen Local para indicar que “no pueden ser admitidas peticiones para que se proceda a dar publicidad a través del pleno a escritos, reclamaciones, etc, que deban ser sometidas a consideración de otro órgano colegiado por motivos de competencia y/o carezcan de un interés colectivo o de potencial tratamiento por el pleno” a través del correspondiente expediente y su inclusión en el orden del día.
El PP alude a Avante Poio y le pregunta si esta “era la transparencia que prometía” cuando firmó el pacto de gobierno con BNG y PSOE.
