Es un panorama que previsiblemente cambiará en cuestión de meses, a la vista de las numerosas promociones de nuevas viviendas que están activas en la ciudad, desde Valdecorvos hasta A Parda, pasando sobre todo por los terrenos de la antigua Tafisa y por la zona de Eduardo Pondal-A Eiriña. Pero a día de hoy, el parque residencial de la ciudad está envejecido. Según los últimos datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), apenas 900 viviendas de Pontevedra tiene menos de diez años de antigüedad, lo que supone apenas al 3% del censo total de unos 32.000 hogares.
Este balance, referido a 2020, pone de manifiesto que ocho de cada diez inmuebles supera las dos décadas (alrededor de 26.000) y ocho mil de ellos rebasan el medio siglo, lo que supondría, en teoría, que sus propietarios estarían obligados a revisar el edificio y presentar un certificado de edificabilidad. Hace años, el Concello dictó una ordenanza de evaluación de inmuebles, pero hace tiempo que está sometida a un proceso de modificación. En junio pasado, el gobierno local explicaba que esos cambios en la Ordenanza reguladora del Informe de Evaluación de Edificios está “bastante adelantada”, pero aún no se ha concretado definitivamente una actualización necesaria para adaptarla a la normativa autonómica.
Pese a los contundentes datos que establecen que solo hay 6.200 viviendas de menos de 20 años, y el 80% del total supera esa barrera, el parque inmobiliario pontevedrés no es el más envejecido entre las ciudades gallegas. Solo Santiago de Compostela presenta un mejor balance, y por poco, ya que en su caso. El 77% de los pisos tiene más de 20 años, un porcentaje que se eleva al 83% en Lugo, el 86% en A Coruña, el 88% en Vigo y el 90% en Ferrol y Ourense.
La ordenanza municipal es de 2017 y, tras una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que anularon la normativa estatal y un pequeño período de vacío legal, la Xunta ha desarrollado la Ley de 2019 a través de un decreto que regula este tipo de evaluaciones y crea un registro gallego de Informes de Evaluación de Edificios.
Hasta ahora, y desde el año 2015 (año en el que se aprobó la primera Ordenanza municipal), el registro municipal recogía hasta junio pasado 361 edificaciones evaluadas. Estas edificaciones tendrán que renovar sus Informes de Evaluación cada diez años, por lo que las siguientes renovaciones ya pasarán al registro gallego.
La modificación en la que trabaja el Concello implica varios cambios. Entre ellos, la certificación energética del edificio pasa a ser obligatoria en edificios residenciales colectivos. Quedan exentos de presentar el Informe de Evaluación los edificios que presenten resolución firme de ruina (antes solo era necesario haber iniciado expediente de ruina). Además, aunque en el decreto autonómico el ámbito de aplicación es para edificios colectivos de más de 50 años, en la ordenanza municipal se va a mantener la obligatoriedad también para naves y otro tipo de edificaciones.
Se introducirá también una adaptación del calendario según lo recogido en el decreto autonómico: a partir de la entrada en vigor, los edificios catalogados dispondrán de un año para presentar el Informe de Evaluación y de tres años para el resto de edificios (en ambos casos edificios de más de 50 años).
Norma autonómica
La normativa gallega incluye requisitos para acreditar el estado de conservación general en que se encuentra la edificación, el nivel de cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad y el grado de eficiencia energética. Es, por tanto, de efecto más amplio que la revisión técnica a la que están sometidos actualmente los inmuebles de vivienda colectiva –que analiza básicamente la conservación estructural de la construcción para validar su seguridad– ubicados en los municipios de más 25.000 habitantes.
Pero además se introducirá un cambio sustancial, dado que el IEE será de aplicación obligatoria en todo el territorio de la comunidad autónoma para los edificios que superen el medio siglo de antigüedad, con independencia del tamaño del municipio en el que estén construidos. Ahora, las revisiones técnicas solo están vigentes en los concellos que cuentan con más de 25.000 habitantes. La Xunta estima que en total serán unos 360.000 los edificios que deberán pasar esta evaluación.
En cuanto al precio, el sector calcula que para un edificio de 12 viviendas con dos puertas por planta, locales comerciales, dos fachadas y un patio de luces rondará los 1.000 euros. Es decir, unos 90 euros por piso, en el caso de tener que realizar la inspección completa con los tres elementos.
Como norma general, la IEE se tendrá que pasar antes de abril de 2022, pero los ayuntamientos, según se recoge en el decreto, podrán ampliar el plazo en dos años más, en función del número de edificios y su antigüedad, así como de los medios de que disponga cada concello para realizar los controles. En todo caso, no habrá tal prórroga para los inmuebles catalogados con algún tipo de protección.
La décimo quinta capital española más barata, con un precio medio de 1.190 euros por metro cuadrado
El último informe del Ministerio de Transportes referido al valor tasado medio de la viviendas en los municipios de más de 25.000 habitantes sitúa el precio medio del metro cuadrado en la ciudad de Pontevedra en los 1.190 euros, por lo que un piso de 90 metros rondaría los 108.000 euros. No obstante, estas cifras siempre dependen de la ubicación, las calidades y otras características. En todo caso, según ese informe, Pontevedra es la décimo quinta capital española más barata, dentro del ránking de medio centenar de urbes, incluidas Ceuta y Melilla. Con precios menores que la ciudad del Lérez están, en el segundo trimestre de 2021, Lleida (la más barata, con 944 euros por metro cuadrado), Huelva, Jaén, Teruel, Ávila, León, Palencia, Soria, Ciudad Real, Castellón, Lugo, Ourense, Murcia y Cuenca (la más cara de este listado, con 1.181 euros) La media en España, en ese mismo periodo, se sitúa bastante por encima de las cifras pontevedresas, ya que está en 1650 euros. Con respecto a otras ciudades gallegas, A Coruña, Vigo y Santiago son más caras que la urbe del Lérez, que también se ve superada por municipios como Culleredo y Oleiros.
