La Diputación aprobó ayer una adenda al convenio con 46 municipios de menos de 20.000 habitantes para la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria. La presidenta Carmela Silva informó que la adenda hará que el servicio, que hoy cubre a casi 700 usuarios, llegue a “todas las personas de la provincia que lo necesiten” y puso especial énfasis en el mundo rural donde la población está muy envejecida y, además, muchos de ellos viven solos”. Esta aprobación incorpora novedades en la atención domiciliaria al incluir la posibilidad de acceder a ella las personas que conviven con familiares pero que “están mucho tiempo solas durante el tiempo que estos trabajan”. Además, se amplían los tramos de renta para que más personas puedan acceder al servicio.

Carmela Silva recordó que este servicio también se encuentra en la fase de licitación de un nuevo contrato que traerá consigo innovaciones como el control de detectores de humo y gas, y la prestación a quienes no tienen teléfono fijo, hasta ahora indispensable, sustituyéndolo por el uso del móvil.

Silva calificó de “intolerante” el comportamiento de la Xunta en relación a la política social y la distribución de recursos “de todo lo que tenga que ver con la dependencia y el apoyo a las personas que sufren y sufren”. Recordó que “la Xunta es quien tiene las competencias y están haciendo que los municipios, que no las tienen, asuman los costes haciendo que muchas veces no sea posible prestar otros servicios que son competencia municipal”.

En ese sentido, la presidente provincial puso como ejemplo que desde el gobierno autonómico “están vendiendo estos días que aumentarán los recursos para la atención domiciliaria a 11 euros la hora, incluso presumiendo que en 2023 subirán a 11,5 euros y llegarán a 12 euros en 2024”, cuando los costes de esta prestación para los ayuntamientos se han incrementado en una media de 18 euros y en algunos casos incluso 22 euros”.

Rechazo de la oposición al reglamento del teletrabajo

El pleno de la corporación aprobó ayer el reglamento del teletrabajo, que para el gobierno provincial “apuesta por la igualdad y la corresponsabilidad” pero para la oposición, sale adelante “sin aceptar ninguna enmienda de los trabajadores y por imposición”. La diputada provincial del PP Pepa Pardo lamentó que no se aceptase ninguna de las 17 sugerencias del PP, de los sindicatos o de los trabajadores. En el pleno se debatió una propuesta del PP para reclamar más recursos del Gobierno central en la provincia, que fue rechazada por el PSOE y el BNG, y se aprobó otra del gobierno provincial a favor de la transferencia a la Xunta de la carretera Caldas-Catoira, que no apoyó el PP.