Cinco condenados a penas de entre siete y diez años de prisión por la Audiencia provincial de Pontevedra. Así se salda la Operación Bodeguilla, una trama que intentó introducir media tonelada de cocaína a través de puerto de Algeciras por el método del gancho ciego e intentando sobornar a agentes de la Guardia Civil. Entre esos condenados no se encuentra el vilanovés Luciano Núñez Villanueva, un histórico que llegó a ser detenido y encausado, pero que falleció unos meses antes de la celebración del juicio en la Audiencia de Pontevedra. Entre los cinco condenados destacan José Castro Lamas y Rafael Ortega Perea a los que los magistrados de la Audiencia condenan a ocho años de prisión por un delito contra la salud pública y a un año y nueve meses por otro de participación en grupo criminal. A ello se le suman 140 millones de euros de multa por el delito contra la salud pública.
Juan Ramón Criollo Salazar y Jairo Criollo Pérez han sido condenados a un año, tres meses y un día por el delito integrar un grupo criminal y a siete años, seis meses y un día por otro contra la salud pública. Ambos han sido condenados también a una multa de 100 millones de euros. El quinto condenado fue Manuel Fariñas Dacuña por un delito contra la salud pública, con el agravante de reincidencia, a siete años seis meses y un día de prisión así como al pago de 100 millones de euros. El sexto investigado, R.J.D.F, quedó absuelto al no considerar suficientes el tribunal los indicios presentados contra él.
Los hechos por los que fueron juzgados y en los que participó el fallecido Luciano Núñez ocurrieron en mayo de 2016, cuando se interceptó una partida de cocaína de casi media tonelada. La partida había llegado al puerto gaditano oculta en un contenedor de zancos de pollo procedentes de Colombia, aunque enviado desde Brasil.
La operación había arrancado unos meses antes. Luciano Núñez tenía la misión de contactar con un guardia civil corrupto que permitiese a la organización recoger el cargamento en el interior del puerto de Algeciras sin levantar sospechas. El vilanovés lo hizo, contactó con un efectivo de la Guardia Civil, pero sin percatarse de que se trataba de un agente encubierto que serviría después para tejer toda la operación contra el grupo delictivo al que pertenecía Luciano Núñez.
Ese contacto desató la operación realizada por la EDOA de la Guardia Civil y bautizada como Bodeguilla por la profesión del vilanovés.
Los abogados de los seis acusados llegaron a pedir la nulidad de la causa alegando que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y llegaron a acusar a la Fiscalía de generar una ficción absoluta sobre esta presunta organización criminal. También llegaron a solicitar dilaciones indebidas que el tribunal rechazó. Además, siempre mostraron sus dudas sobre que el proceso no se iba a desarrollar con “plenas garantías” para sus clientes y aseguraban que la utilización del agente encubierto fue un “fraude de ley”, ya que éste habría “excedido sus competencias”. Se opusieron a que se admitan los registros realizados y denunciaban que los investigadores se habían “inventado” antecedentes policiales de los acusados.
