Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Estado plantea por vez primera un calendario “razonable” para el derribo de la planta de Ence

La postura del Ministerio para la Transición Ecológica llega tras la tercera sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión en Lourizán | El Gobierno central propondrá una salida “ordenada” de la ría

Protesta de los trabajadores, el pasado viernes, durante la celebración de la mesa e diálogo. Gustavo Santos

El Ministerio para la Transición Ecológica planteará a Ence una salida “ordenada” y un calendario “razonable” de demolición de su fábrica de Pontevedra si el Tribunal Supremo otorga firmeza a las sentencias que han anulado su prórroga. Así lo confirmaron ayer fuentes del Ministerio tras el conocimiento de la tercera de las sentencias emitidas por la Audiencia Nacional que, en esta ocasión, atiende el recurso presentado por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra la autorización otorgada a la pastera para ocupar terrenos de Costas hasta el año 2073.

En concreto, desde el departamento estatal señalaron que el nuevo fallo conlleva que, de adquirir firmeza los dictámenes de la Audiencia Nacional, Ence “carecerá de título” para que esta fábrica ocupe terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

“Puesto que la sentencia anula la prórroga y cierra la puerta a que se tramite de nuevo, lo que procede es que el Ministerio se pronuncie sobre el destino de las instalaciones, previamente a la reversión de los terrenos al Estado”, indicaron desde Transición Ecológica.

Dentro de este destino, el Gobierno equipara Ence a lo que ha sucedido con la fábrica electroquímica Elnosa, que compartía el mismo complejo industrial en Lourizán y de la que apuntan que “está siendo actualmente demolida sin incidencias”.

El Ejecutivo central recuerda que “ha quedado probado” que la fábrica de Ence “no requiere” situarse en terrenos de Costas y puede tener otra ubicación, “como lo prueba el hecho de que ésta es la única fábrica de celulosa de España que está en dominio público marítimo-terrestre”.

Estas sentencias respaldan además, según celebra el Gobierno, el allanamiento del Abogado del Estado que “no infringe el ordenamiento jurídico” y es conforme a derecho.

La sentencia

La Audiencia Nacional ha vuelto a dictar sentencia contra la prórroga concedida a la fábrica de Ence en Pontevedra por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, al estimar en esta ocasión el recurso presentado por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Al igual que ocurrió el pasado mes de julio, el nuevo fallo del alto tribunal está en consonancia con lo dictado en relación a los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y Greenpeace, concluyendo que la prórroga a la pastera debe ser anulada.

Si bien la empresa opuso la “falta de legitimación” de APDR tanto para recurrir en vía administrativa como en vía contencioso-administrativa la resolución de prórroga de la concesión, solicitando que se desestimara el recurso interpuesto por el colectivo ecologista, la Audiencia Nacional resolvió que “resulta clara” la legitimidad de esta asociación para oponerse a la prórroga a Ence, al tener entre sus objetivos la defensa del medio ambiente y, en este caso, la recuperación del dominio público marítimo-terrestre ocupados por la fábrica.

El nuevo fallo de la Audiencia Nacional llega apenas cinco días después de la celebración de la última mesa de diálogo entre las partes implicadas. En dicha reunión, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, descartó la posibilidad de adscribir los terrenos de Ence al Puerto de Marín para garantizar su permanencia en Lourizán “por razones de inviabilidad jurídica”.

En el encuentro, Morán se comprometió a encargar un estudio independiente para identificar posibles ubicaciones a la fábrica dentro de Galicia, si bien la empresa insistió, una vez más, en que no existe ninguna ubicación alternativa a las instalaciones actuales de la pastera en Lourizán.

Línea eléctrica

Con respecto a la sentencia conocida ayer , un aspecto relevante es un apartado de la resolución en el que se refleja que el perito ratifica que Ence necesita una potencia de 40.000 kw para su proceso productivo y para eso se necesitan líneas eléctricas de alta tensión, “por lo que caso de que dichas líneas afectaran al dominio público marítimo-terrestre, debería tenerse en cuenta que según el artículo 32.1 de la Ley de Costas, están expresamente prohibidas en el dominio público las utilizaciones consistentes en el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión”.

Tras las diferentes consideraciones expuestas, la Audiencia Nacional concluye en el fallo que resulta “procedente denegar la prórroga de la concesión otorgada”. A su vez, el alto tribunal no aprecia “obstáculo procesal” para el allanamiento de la Abogacía del Estado, que optó por no defender la concesión otorgada en su día, a pesar de que la empresa alegaba que era una decisión “contraria a derecho”.

Ante esta nueva sentencia, Ence podrá presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, igual que ha hecho ya con los fallos a favor del Concello de Pontevedra y Greenpeace, para lo que dispone de un plazo de 30 días a partir de su notificación. Por su parte, el Gobierno central, debido a que se ha allanado en este procedimiento judicial, ya ha anunciado que no recurrirá la nueva sentencia.

El fallo judicial esgrime la obligación de “asegurar la conservación y garantizar el uso público del mar”

El tercer fallo del alto tribunal, que se remite a los fundamentos jurídicos de las dos sentencias previas a pesar de los motivos de impugnación presentados por APDR “puedan variar en algunos aspectos”, declara extinguida la concesión del Estado a Ence. Así, reitera que el artículo 32.1 de la actual Ley de Costas solo permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.

La magistrada concluye que Ence “ni ha esgrimido ni justificado” que su actividad deba estar situada en el ámbito de Costas, más allá de “razones de interés o conveniencia”, por lo que resulta “procedente” anular su concesión. Es así que, al infringir esta Ley de Costas, el tribunal afirma que esta situación “ya nos exime de entrar en el examen de la duración de la prórroga de la citada concesión”, que según APDR jamás podría haberse extendido hasta 2073, al cumplirse en 2033 el máximo de 75 años que recoge la ley.

Asimismo, resulta esclarecedor el párrafo en el que se expone que “no puede perderse de vista que la actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre debe perseguir, entre otros fines, el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, la orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado”.

Compartir el artículo

stats