La dirección de Ence ha confirmado a sus accionistas que vuelca en el Tribunal Supremo todas sus esperanzas en lograr la continuidad de su fábrica en Lourizán. De hecho, ya ha presentado los recursos contra las dos sentencias de la Audiencia Nacional que en julio pasado anularon la prórroga concedida hace cinco años de la concesión de los terrenos marítimo-terrestres hasta 2073. En ese encuentro con los inversores, la compañía también ha dejado claro que, de quedarse si esa concesión, pedirá indemnizaciones al Estado. En concreto, apunta que “en caso de que, agotadas todas las vías de recurso, se confirmara la anulación de la prórroga de la concesión de la biofábrica de Pontevedra, la sociedad formulará reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, con el objeto de ser indemnizada por la Administración General del Estado de todos los perjuicios causados por dicha anulación”.
En el mismo escrito recuerda que “el 15 de julio de 2021, la Audiencia Nacional dictó dos sentencias que anulan la prórroga de la concesión de los terrenos de dominio público sobre los que se asienta la biofábrica de celulosa de Ence en Pontevedra” y subraya que “agotará todas las vías jurídicas en defensa de la legalidad de la prórroga de la concesión. En caso de no admisión del recurso o de desestimación del mismo por parte del Tribunal Supremo, le correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico determinar (en decisión visada por la Audiencia Nacional) el plazo para un potencial cese de actividad de la biofábrica”. Sus cálculos apuntan a que hasta mediados de 2023 no habría respuesta del Supremo sobre la admisión a trámite, dado el retraso que padece la actividad en este alto tribunal.
Añade que “de conformidad con la normativa contable aplicable y asumiendo un escenario de potencial cese de actividad de la biofábrica en 2023-2024, se han registrado en los estados financieros del segundo trimestre deterioros de activos y provisiones de gastos que no supondrán una salida de caja por un importe neto de 148,2 millones de euros, junto con una provisión de 42,3 millones para hacer frente a los costes estimados por el potencial desmantelamiento de la biofábrica y una provisión de 6 millones para hacer frente a los costes estimados por la potencial cancelación de contratos. El coste de un procedimiento de reestructuración del excedente de mano de obra, incluida la estructura corporativa asociada, que se generaría con el potencial cese de actividad aún no ha sido provisionado, al no cumplirse los requisitos contemplados en la normativa contable para su reconocimiento”.
Los trabajadores instan a Sánchez a intervenir
Trabajadores de Ence se concentraron ayer en O Grove para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una “solución” que garantice el futuro de la planta y su permanencia en Lourizán con motivo de su visita a la localidad para participar en el acto de clausura del Foro La Toja-Vínculo Atlántico. La plantilla logró entregar un escrito al equipo del presidente, con “el valor económico y de empleo” que supone la planta de Lourizán, pero no pudo concentrarse ante el centro de convenciones de A Toxa pues los controles establecidos por la Guardia Civil mantuvo a los trabajadores al inicio del puente de acceso a la isla, donde se podían leer mensajes como “Ence sí, paro no”, “PSOE y Podemos vende obreros” y “Por el futuro industrial y forestal de Galicia, Ence no se cierra”. La presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira, explicó que se trata de “visibilizar” el “problema” de la fábrica ante Sánchez y que “medie” para “dar una solución” a la situación de las pastera que pase por su permanencia en Lourizán, ya que “la alternativa es el cierre”. Asimismo, denunció “el control férreo” establecido en las inmediaciones de O Grove.
