La ilegalidad de la ampliación de la concesión de la AP-9 a Audasa no lo investigará solo la lupa de Europa. El propio Gobierno español, a través de un comunicado del Ministerio de Transportes  (antiguo Fomento)  ha mostrado su “colaboración” con Bruselas, al menos en cuanto a la última prórroga concedida a Audasa y que fijaba su explotación hasta el año 2048.

El Ejecutivo central incide en que la apertura del procedimiento infractor de la Unión Europea contra España es debido a que“presuntamente” en el año 2000 no se respetaron “las normas relativas a los contratos de concesión de autopistas de la UE a la hora de prorrogar el contrato de construcción, explotación y mantenimiento de la autopista del Atlántico (AP-9)”. Hay que precisar que la denuncia de En Colectivo versa sobre esta prórroga y la rubricada en el 1994, con un gobierno socialista y en la que tampoco, tal y como recoge la asociación, se sacó a concurso público dicha explotación. En su comunicado, el Gobierno no hace referencia a esta última.

Incide en que la prórroga “cuestionada” por Bruselas se aprobó en el 2000 –vía Real Decreto 173/2000 de 4 de febrero– como “compensación por la construcción del tramo de autopista Fene-Ferrol, de 9,1 km, por la rebaja de tarifas aplicada y para compensar la gratuidad del peaje para movimientos internos en el entorno de Vigo, así como la gratuidad para los movimientos internos en el nuevo tramo Fene-Ferrol”.

A este respecto, el Ministerio aclara que esta ampliación se realizó durante el Gobierno popular de José María Aznar, cuando la empresa era “cien por cien pública” y “tres años antes de su privatización”.

Por todo ello, el Gobierno se compromete a colaborar “activamente” con Bruselas y se desmarca de la decisión tomada por “otro gobierno hace más de veinte años”. Es más, defiende que las actuales políticas van en “dirección contraria” a las tomadas por Aznar. Así, rechazan prorrogar concesiones de autopistas y plantean “un nuevo sistema de financiación de la red de carreteras”. “Es nuestra responsabilidad velar por el interés común”, concluyen.