La segunda mesa de diálogo sobre el futuro de Ence en Lourizán celebrada el pasado viernes en Pontevedra apenas supuso algún avance en la resolución del conflicto, pues las partes tan solo se limitaron a exponer sus respectivos posicionamientos y ratificarlos.
Está previsto que, en un plazo de dos o tres semanas, mantengan un nuevo encuentro tras haber analizado en profundidad el informe presentado por la empresa en el que se recogen 441 emplazamientos alternativos, de los que fueron seleccionados siete, pero que a ojos de la dirección de Ence tampoco cumplen con los requisitos para efectuar un traslado. Lejos de despejar la incertidumbre de la planta de pasta de papel en Pontevedra, los agentes implicados se mantuvieron firmes en los argumentos que siguen a continuación.
Gobierno central
El Estado descarta por completo un solución jurídica al conflicto, al entender que no es posible “burlar” el dictamen de la sentencia de la Audiencia Nacional, salvo que la revoque el Tribunal Supremo. Rechaza así efectuar una modificación de la legislación y asume que la sentencia definitiva es la que se deberá acatar, instando a Ence a que busque alternativas para abandonar Lourizán.
Con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo y no esperar al último minuto, el Gobierno central ha manifestado su compromiso para con la empresa a la hora de llevar a cabo una reubicación, asegurando que podría acogerse a ayudas públicas, siempre y cuando Ence muestre interés por continuar produciendo en Galicia y presente un plan de traslado. Por otra parte, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se entiende que si la sentencia es ratificada, en conformidad con las partes, el alto tribunal podría no ejecutarla de forma inmediata siempre y cuando la empresa presente un proyecto de traslado, salvando así los perjuicios sociales que acarrea la resolución judicial.
Concello de Pontevedra
La Administración local mantiene el derecho de los pontevedreses a recuperar la ría, por lo que insta a la pastera a que acate la sentencia y abandone los terrenos de Lourizán. El Concello, al igual que el Gobierno central, no cree que en Galicia no exista otra alternativa de ubicación para la fábrica de celulosa.
Asimismo, ha mostrado su voluntad de que si la sentencia concluye firme, establecer un plazo prudencial para que la pastera pueda continuar produciendo en los terrenos de Lourizán mientras no se reubica, una voluntad ligada a que la empresa, por su parte, presente un proyecto firme de traslado.
Dirección de la empresa
Ence reafirma que si no es en Lourizán no será en ningún otro sitio. La empresa considera inviable el traslado y, en el contexto actual, sin una solución jurídica o administrativa ven difícil que la fábrica de Pontevedra pueda continuar con su actividad. Asimismo, también creen complicado que la planta de Navia pueda asumir a todos los trabajadores que integran la plantilla de la fábrica de Pontevedra.
Xunta de Galicia
El Ejecutivo autonómico insiste en que es el Gobierno central el que debe aportar una solución a esta situación y califica de “bloqueo” la postura actual del Estado. Solicitan una rectificación política para que Ence siga en Lourizán.
Rueda insiste en que el Gobierno central debe dar una solución
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó ayer al Gobierno central una solución para las familias que se verán perjudicadas si Ence cierra en Pontevedra. Así, Rueda insistió en que “se realmente o Goberno quere empezar unha transición enerxética xusta, ten en Ence unha excelente oportunidade para demostralo, concretando solucións que eviten o seu peche”.
Alfonso Rueda se mostró tajante a la hora de afirmar que “non estamos falando dunha empresa que pecha porque non funciona. A Ence péchana, e os responsables nin buscan solucións nin amosan a máis mínima empatía por todas esas persoas que ven truncado o seu futuro laboral”, concluyó.
