Sensaciones agridulces entre los comités de empresa de Ence y los representantes del sector forestal, transportistas y empresas auxiliares que ayer se reunieron con el vicepresidente económico de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, en busca de una mayor implicación del Gobierno autonómico para encontrar una solución al futuro de la pastera. Por un lado, satisfacción al conseguir el compromiso de la Xunta para presionar al Gobierno central para “buscar una solución jurídica” –según indican los representantes de los trabajadores– que permita a la empresa continuar su actividad industrial en Lourizán, pero por otro lado, decepción con que la Xunta derive toda responsabilidad en el Gobierno central y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “como si ellos no tuvieran competencias en industria”.
Así lo expresó el portavoz del comité de fábrica, Pablo Bacariza, en ligera contraposición a la postura de la presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira, que consideró que el encuentro con el conselleiro fue “positivo” porque “se comprometió a presionar al Gobierno central para buscar una solución jurídica y para la convocatoria de la mesa de trabajo”, para la que todavía no han sido convocados oficialmente por parte del Gobierno, a pesar de que el plazo máximo fijado es el 10 de septiembre.
Bacariza, por su parte, insistió en que el gobierno gallego debe ser “más activo” en este foro de diálogo “y no un mero espectador”. En cuanto a la propuesta del comité de las oficinas, explicó que el conselleiro no ha concretado si es una posibilidad viable: “No será tan fácil coger una sentencia y poner lo que a cada uno le convenga”, matizó.
Para el portavoz de los operarios de la fábrica, el objetivo pasa por “no ejecutar” una hipotética sentencia en contra del Tribunal Supremo “para que no se paralice la actividad de la planta sin haber alcanzado una solución”, a lo que ha añadido el “compromiso” por parte de la dirección de Ence de mantener la fábrica en funcionamiento y “conservar los puestos de trabajo”.
La Xunta ofreció su “máxima colaboración” con el Gobierno y la empresa “en la búsqueda de una solución” y a ser “proactiva” para garantizar la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra, argumentando que “es la única opción real de evitar el cierre y que las inversiones previstas se marchen hacia Navia”, en Asturias.
Desde la Consellería han emplazado a la próxima semana la reunión con la ministra Teresa Ribera, a la que han retado a “rectificar y a poner soluciones sobre la mesa”. Además, han insistido en reclamar la “implicación tanto del Concello de Pontevedra como del Gobierno, y que éste enmiende las consecuencias de no haber defendido la prórroga de la concesión otorgada por el Estado”.
Sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones, Ana Cedeira apunto que “se están valorando fechas lugares y qué se va a hacer”. Bacariza, por su parte, no ha descartado que las protestas se enfoquen a la falta de respuesta por parte del Gobierno a su compromiso de organizar el foro de negociación en torno al futuro de la factoría.
Precisamente, los trabajadores protagonizaron ayer una concentración ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela, con una pancarta en la que se leía “Pola garantía e futuro dos nosos postos de traballo”.
El BNG insta a impulsar un complejo industrial forestal
El diputado del BNG en el Parlamento gallego Luis Bará instó ayer a la Xunta de Galicia a crear “con Ence o sin Ence” un consorcio público-privado para la impulsar un nuevo complejo industrial en el sector forestal de Galicia. Bará señaló que la Xunta debe ser “activa y proactiva” en la búsqueda de alternativas a la fábrica de Ence en Pontevedra porque su situación “ha cambiado” tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló su prórroga.
Ante este “nuevo tiempo”, el diputado del BNG aseguró que el Gobierno gallego “no puede ponerse de frente o de perfil” y, sobre todo, no debe “entorpecer el diálogo” actuando como “accionistas” o “hooligans” de la empresa, “poniéndose en las barricadas”. “Feijóo y Rueda replican como papagayos lo que dice la empresa”, señaló el dirigente nacionalista, que censuró que la Xunta esté “sometida” a lo que calificó como “dictadura” de Ence en lugar de defender los intereses de Galicia.
La APDR considera “insultantes” las declaraciones de Alfonso Rueda
La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) emitió a última hora del miércoles un comunicado para responder a las declaraciones del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la situación de Ence, en las que señaló que la ubicación en la que tenía que estar la fábrica es en la que está actualmente. Para el colectivo ecologista resulta “insultante el nivel de simpleza y despropósitos” de alguien “que ocupa un lugar privilegiado” en la Xunta “con el único objetivo de proteger a una empresa ilegal”. La APDR insiste en que esas declaraciones muestran un “absoluto desprecio por el cumplimiento de la legalidad” y las considera “de una gravedad extrema”.
