El 18 de agosto del año 2010 la pontevedresa Sonia Iglesias desaparecía. Tenía 37 años y un hijo en común con Julio Araújo, el único imputado hasta el momento en el caso, que a día de hoy sigue sin resolver. Son once años en los que la incertidumbre ha supuesto el mayor de los dolores para la familia, que, además, ha perdido este mismo año, el pasado mes de mayo, al cabeza de familia. Alejandro Iglesias Rodríguez, padre de Sonia, fallecía a los 73 años de edad sin llegar a conocer el paradero de la joven. Su salud había empeorado a raíz del sufrimiento que supuso para todos ello el caso.
La noticia del fallecimiento del padre llegaba tan solo unos meses después de la muerte de la pareja de Sonia cuando desapareció, Julio Araújo, en septiembre de 2020, que padeció durante cuatro años un cáncer de pulmón que ya se estaba tratando en la última semana en su domicilio.
Desde que tuvo lugar la pandemia por el COVID, la familia no ha vuelto a celebrar la tradicional manifestación en recuerdo de Sonia y con el fin de reclamar a las autoridades policiales que su caso no caiga en el olvido. De hecho, la última marcha en la calle tuvo lugar el 31 de agosto de 2019.
Los últimos movimientos policiales al respecto tuvieron lugar en el mes de enero de ese mismo año con el registro de un pozo en la parroquia pontevedresa de Marcón, a poca distancia de la casa propiedad de los Araújo que había sido registrada dos años antes. En esta vivienda, precisamente, había vivido la pareja al poco de casarse.
La familia y amigos más íntimos de la joven pontevedresa siempre centraron sus sospechas en alguien muy cercano y rechazaron de pleno todas las teorías infundadas de una fuga voluntaria. La investigación policial sigue activa, aunque la causa por la desaparición está archivada provisionalmente.
El día en que Sonia Iglesias desapareció, el 18 de agosto de 2010, se había citado con Julio Araújo, al que, según su familia, había transmitido su intención de separarse. Entonces tenían un hijo en común, de nueve años.
Aunque Araújo fue imputado, se acogió a su derecho de no declarar. Con su muerte se fueron también las respuestas a muchas incógnitas sin resolver sobre el caso.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra inició el expediente de declaración de fallecimiento de la joven a petición de su hijo, Alejandro, y coincidiendo con el décimo aniversario de su desaparición.
