Ante la masiva movilización de los trabajadores de la planta de Ence en Lourizán, los portavoces de la Subdelegación del Gobierno central en Pontevedra evitaron pronunciarse y no realizaron ninguna declaración en la jornada de ayer.
El pasado mes de julio se abrió un abanico de escenarios para la pastera en las inmediaciones de la ría de Pontevedra, y es que el fallo de la Audiencia Nacional que declaró ilegal la prórroga concedida por el Gobierno popular de Mariano Rajoy hasta 2073, arrojó la incertidumbre sobre la continuidad de la fábrica de pasta de papel en Lourizán.
Ante la sentencia del alto tribunal que da a entender que la salida de Ence de Lourizán se tendría que haber producido en el año 2018, y a la espera de la resolución del recurso interpuesto por la empresa ante el Tribunal Supremo, cabrían ahora tres escenarios posibles: que la sentencia confirmara la dictada por la Audiencia Nacional, de manera que Ence debería abandonar la ría una vez finalizado el proceso judicial; que la decisión sea contraria a la del alto tribunal y que, por lo tanto, pueda continuar hasta 2073, fecha en la que finaliza la concesión otorgada por el Gobierno central en 2016, o que se atiendan parcialmente los recursos y se pueda aplicar la Ley de Patrimonio, con lo que el cierre o el traslado debería producirse en el año 2033.
Asimismo, si finalmente la Justicia decidiera que la concesión finaliza en 2033, es previsible también que la fábrica abandone los terrenos de Lourizán antes, puesto que las inversiones que tendría que hacer Ence en Pontevedra ya no le resultarían rentables y las aprovecharía para otras de sus plantas.
