El Colegio de Médicos de la provincia de Pontevedra ha procedido a denunciar por la vía penal a las gerencias de Pontevedra y de Vigo ante la situación que se están viviendo en los centros de Atención Primaria en sendas áreas sanitarias. Así lo anunció hoy el organismo que, a través de un comunicado, indicó que las acusaciones ya han sido admitidas a trámite por los juzgados de instrucción de lo penal contra los dirigentes de ambas áreas sanitarias y con el objetivo de que se depuren responsabilidades.
La entidad asegura que los profesionales colegiados "acudieron repetidamente a las autoridades sanitarias y colegiales exponiendo razonadamente los motivos de diversas quejas, así como las circunstancias de la sobrecarga profesional a las que se veían sometidos y que, no solamente representaba un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes".
En este sentido, desde el Colegio de Médicos subrayan que la presión asistencial en los centros de salud del área sanitaria es tal que "priva a los pacientes de una asistencia que, en muchos casos podría ser decisiva para evitar riesgos de gravedad", puesto que los profesionales "no pueden dedicarles el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa e, incluso no tienen posibilidad de lograr la correcta atención de todos los pacientes que se incluyen en las agendas de una jornada", indicaron.
Estas circunstancias se pusieron en conocimiento de las diferentes autoridades sanitarias, pero, según apuntan desde la entidad de colegiados, la Administración se continúa con un "ominoso silencio" y no se adoptan medidas mínimamente eficaces para siquiera paliar las disfunciones más groseras. Desde el Colegio de Médicos de Pontevedra se critica que todas estas circunstancias se vieron agravadas por el COVID, puesto que entienden que se sigue poniendo en primera línea de combate, para hacer frente a la pandemia, a la Atención Primaria y múltiples servicios hospitalarios.
Es por esto que el Colegio de Médicos de Pontevedra ha decidido iniciar acciones legales contra los que entienden que son responsables de esta situación y destacaron de manera especial la exigencia deontológica de procurar lo mejor para la salud de los pacientes. A este respecto, señalaron que este alto nivel deontológico no puede encubrir ni amparar la desidia administrativa en revertir una situación de abandono, ni el hecho de que ello tenga implicaciones delictivas que deben elucidarse.
