El gobierno local explicó ayer que el cierre decretado en su día sobre una vivienda de uso turístico en el centro de la ciudad, medida que ahora ha sido respaldada por una sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, se adoptó “tras recibir la denuncia interpuesta por un vecino,”. Añade que “después de la correspondiente investigación, decidió denegar la actividad. La propietaria apeló esta decisión, pero el magistrado del caso considera apropiada la acción de la entidad local”, explica el Concello.

El gobierno local explica que “en el Plan Xeral aparece recogida la información pertinente para la realización de actividades terciarias en bloques residenciales, señalando que debe estar limitada a la planta baja y primera planta del edificio”. En el caso explicado anteriormente, la vivienda estaba ubicada en un quinto piso.

El concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda, explica que las viviendas de uso turístico en Pontevedra “no son un problema” y recuerda que el Concello no actúa de oficio en esta materia salvo en las subvenciones relacionadas con los ARI “pues tuvo constancia de viviendas que solicitaron ayudas a la rehabilitación dentro de uso residencial, pero se detectó que estaban siendo utilizadas para alquiler con fines turísticos, lo que derivó en la apertura de un expediente para que el arrendador devolviera las ayudas solicitadas”. Por otro lado, las viviendas de uso turístico que hayan solicitado estas ayudas tampoco podrán recibirlas, “siendo ya denegadas sus solicitudes”.

Concejal

“A entidade que autoriza ou que ten unha lista de vivendas de uso turístico é a Xunta, e xa sabe cal é a posición do Concello”, dice Moreda, que añade que “recibimos por parte dos medios de comunicación algunha pregunta sobre se tiñamos algunha ordenanza ou algunha lei que marcase a prohibición ou a autorización sobre estes usos, e queda claro que pola nosa banda só permitimos nos baixos ou nas primeiras plantas, polo que é a Xunta é a que ten que regularizar a súa listaxe de vivendas de uso turístico e quitar as que están nesta situación”.

La sentencia podría poner en duda la continuidad de más de 200 viviendas de uso turístico (VUT) en funcionamiento en las plantas altas de edificios del centro. La resolución municipal que significó el cierre del equipamiento turístico se produjo en diciembre de 2019 y en la misma se recordaba que la propietaria carecía “del preceptivo título habilitante que ampare dicha actividad”.