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Renuncia a recurrir el cambio de nombre de la calle Juan Carlos I

“Podemos tener el honor de ser la primera ciudad que retira de sus calles el nombre del Borbón”, dice la portavoz del gobierno

Un trabajador instala la placa con el nuevo nombre de la calle Virxinia Pereira Renda.   | // FDV

Un trabajador instala la placa con el nuevo nombre de la calle Virxinia Pereira Renda. | // FDV

El vecino que presentó un recurso contra el cambio de denominación de la avenida Juan Carlos I, por el de la galleguista Virxinia Pereira, ha desistido en su demanda. Así, el nuevo nombre de la calle ya no tiene vuelta atrás.

Este particular recurrió la decisión del pleno para tratar de mantener en el callejero de Pontevedra el nombre del rey emérito, pero una vez que ha desistido de mantener su demanda en los tribunales, “podemos tener el honor de ser la primera ciudad que retira de sus calles el nombre del Borbón, para poner además el de una mujer tan emblemática como es Virxinia Pereira”, indicó la portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías.

La concejala nacionalista explicó que este particular, “una vez revisada la totalidad del expediente facilitado por el Concello de Pontevedra”, ha decidido que “no existe problema administrativo alguno”, tras lo que desistió en su recurso.

Se cierra así el proceso contencioso administrativo con este asunto y ahora el grupo de Gobierno debe dar cuenta al pleno de este desestimiento para completar los trámites y que el nuevo nombre de la calle sea definitivo.

Así, ya no hay rastro de Juan Carlos I en el callejero de Pontevedra. Desde el pasado 23 de abril la avenida que llevaba su nombre recibió la placa con la denominación de Virxinia Pereira Renda, “galeguista, garante do legado político e artístico de Castelao”, según reza el nuevo cartel. La decisión ya se había adoptado previamente por el pleno municipal en febrero.

Para llegar a la retirada de la placa fueron necesarios cinco meses, desde que en noviembre de 2020 se iniciase el expediente, cargado de polémica. El BNG, que contó en el pleno de febrero con el apoyo del PSOE describió la medida como un acto de “justicia, decencia e higiene democrática” tras las últimas informaciones y actuaciones de la propia Casa Real que apuntan al cobro de comisiones por parte del monarca de “dudosa procedencia” y que “ocultaba en Suiza para ocultar así este dinero al fisco de su propio reino”.

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