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La sentencia de la Audiencia Nacional trastoca el calendario financiero de Ence

Los trabajadores acusan que el cierre deja en paro a personas cuya experiencia laboral se limita a puestos muy específicos de la fábrica

Manifestación de los trabajadores de Ence tras conocerse el fallo. |   // RAFA VÁZQUEZ

Manifestación de los trabajadores de Ence tras conocerse el fallo. | // RAFA VÁZQUEZ

Las aguas continúan revueltas en el entorno de Lourizán y tras la sentencia de la Audiencia Nacional, Ence decidió ayer retrasar la publicación de sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año y de la información financiera semestral al 28 de septiembre, después del cierre del mercado.

En concreto, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la decisión de posponer la publicación de sus resultados se tomó en vista del resultado de las sentencias de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión de la fábrica de Pontevedra comunicado el pasado 16 de julio “y de las implicaciones que éstas puedan tener sobre la información financiera correspondiente al primer semestre de 2021, (por aplicación de la NIC-10 sobre hechos posteriores)”.

No obstante, la compañía adelantará las principales magnitudes operativas del segundo trimestre el próximo miércoles, 28 de julio después del cierre del mercado, fecha en la que estaba prevista.

El detalle completo de los resultados se conocerá, por tanto, el 28 de septiembre a cierre de mercado. Asimismo, la conferencia telefónica para explicar los resultados del segundo trimestre se retrasa al miércoles 29 de septiembre a las 16.00 horas.

Una vez la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimó los recursos que Greenpeace y el Concello, Ence anunció su decisión de recurrir el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, en defensa de la legalidad de la prórroga de la concesión de su fábrica de Pontevedra.

Movilizaciones

De igual modo estiman hacerlo los comité de empresa de oficinas y fábrica. El de oficinas plantea anunciar nuevas movilizaciones la próxima semana. Mientras, el de fábrica se reunirá el próximo martes con la subdelegada de gobierno, Maica Larriba, con la intención de concretar una fecha para la mesa de diálogo y poder plantear soluciones para mantener los puestos de trabajo.

Pese a ello, el consejero delegado, Ignacio Colmenares, dejó claro en una reunión el pasado jueves a los trabajadores que si el Supremo falla en contra cerrarán la pastera y optarán por ampliar la fábrica de Navia, sin abrir la puerta a la creación de nuevos empleos.

En ese supuesto serían alrededor de 400 personas las que quedarían en paro, correspondientes a los puestos directos de la fábrica.

Desde los comités calculan que la edad media de la mayoría de los trabajadores está en el rango de edad que va de los 40 a 55 años, aunque ha habido un gran relevo generacional en los últimos años. Recuerdan que la mayoría tienen familias a su cargo y, sobre todo, que son puestos de trabajo muy técnicos y específicos y que no tendrían una salida laboral fuera de la fábrica como panelista u operador de caldera. Personas, inciden, cuya única experiencia laboral está en este tipo de puestos y que tendrían que “empezar de cero”. Además recuerdan la pérdida puestos de trabajo indirecto.

Greenpeace pide planificar ya el desmantelamiento

Una semana después de conocerse la resolución judicial, Greenpeace hace valoración del caso. “Valoramos el fallo como una fabulosa noticia no solo para el medio ambiente gallego y peninsular, sino para todas aquellas personas y organizaciones que defendemos que los intereses políticos y económicos nunca deben pasar por encima del bien común y la protección de la naturaleza. Confiamos además en que se acabe confirmando en sentencia firme en el Tribunal Supremo y se pueda emprender la recuperación de la marisma de Lourizán para nuestro patrimonio natural”, ha afirmado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

La organización ecologista señala que la sentencia “está claramente fundamentada y es tan contundente como coherente” y subraya que “en el caso de que sea firme después del anunciado recurso en el Tribunal Supremo, puede ser muy relevante para otros casos en los que actividades lesivas que por su naturaleza no tienen porqué estar en dominio público dejen de ocupar el mismo”. “Hay actividades que según la ley de Costas no pueden estar en dominio público, eso deja claro la ley y el fallo de la Audiencia Nacional. Ence ha tenido mucho tiempo para un posible traslado y proteger de manera efectiva los empleos, pero no ha querido.

Ha preferido emplear otras tácticas cuando menos discutibles. No creemos que esto ponga en peligro otro tipo de actividades y empleos, especialmente las relacionadas con el complejo Mar-Industria, pues muchas sí parece obligado que se realicen a pie de mar”, añade Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. Además, la organización interpelará a la Xunta y el Gobierno central “para que comiencen a hacer los estudios pertinentes y recuperar la marisma de Lourizán para el patrimonio natural gallego, restaurando el desastre generado en los últimos 60 años”.

Carmela Silva aboga por buscar otra ubicación

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, se pronunció ayer acerca de la sentencia de la Audiencia Nacional dejando que es una sentencia firme que responde a que la prórroga no se realizó conforme a las normas “que tenemos que cumplir todos”. Pese a ello comprende la “preocupación” de los trabajadores y señaló a la Xunta como la responsable con competencias sobre el sector industrial en la región.

“Me pregunto para qué sirve el Estatuto de Autonomía”, recalcó la presidenta reclamando soluciones para el futuro de los trabajadores al gobierno gallego. Carmela Silva reclama a la Consellería de Economía que busque soluciones en relación al futuro de la fábrica recordando que su gobierno siempre ha defendido el traslado. Por ello pidió sensatez a la empresa, que insiste en que no hay otra ubicación posible.

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