El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Agencia Tributaria, en las sanciones impuestas a orquestas gallegas relacionadas con el caso de Representaciones Lito. El alto tribunal sentencia que la entrada y registro domiciliario llevada a cabo en las oficinas de las empresas mercantiles relacionadas con el conocido como "rey de las orquestas" no fue lícita en el modo que la realizó la AEAT, "ni se respetaron en lo más mínimo las garantías constitucionales exigibles”.

A raíz de estos registros y sanciones, se habían presentado numerosos recursos contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria, que ahora el alto tribunal valida.

El despacho de CCS Abogados informó de la nulidad de todas las liquidaciones y sanciones fiscales impuestas al sector del espectáculo en Galicia. Se trata de “una sucesión de nuevas victorias de CCS Abogados ante el Tribunal Supremo español (anteriormente habían obtenido otras ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea)”, que supone “la anulación definitiva de las liquidaciones y sanciones fiscales impuestas a todas las piezas del sector del espectáculo en Galicia: la oficina, los representantes y las orquestas vinculados a Lito Martínez”.

Según las sentencias del alto tribunal español, que sientan jurisprudencia, “la entrada y registro domiciliario llevada a cabo en las oficinas de las empresas mercantiles relacionadas con (…) no fue lícita en su ejecución por la AEAT, ni se respetaron en lo más mínimo las garantías constitucionales exigibles, ya que estuvo plagada de múltiples y graves irregularidades que invalidaron aquel registro en toda su extensión: las anomalías, ausencias y errores cometidos por los funcionarios de la AEAT en la entrada y registro indicado a las empresas de (…) revistieron tan especial gravedad que dicho registro fue declarado nulo por sentencia (firme) de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

"Las anomalías, ausencias y errores cometidos por la AEAT en la entrada y registro revistieron tal gravedad que fue declarado nulo por la Audiencia de Pontevedra"

Y existiendo esa ilicitud -formal y materialmente-, no pueden reputarse válidas las pruebas obtenidas en el registro a efectos penales (...) ni a otros efectos, pues se trata de la misma e indisociable vulneración, basada en las mismas infracciones, excesos y omisiones, lo que afecta a todo lo encontrado durante el registro”.

También dictamina que “la actuación de la Administración ha bordeado, cuando menos, la vía de hecho, (...) respeto a los derechos del registrado y de terceros”. En este sentido explica que no se levantó acta de constancia por funcionario alguno por lo que “estamos ante una actuación meramente material de cuyo resultado no hay constancia directa, salvo en sus efectos posteriores”.

Por otra parte, “no se dio cuenta, además, al juez autorizante, del hallazgo de pruebas ajenas a las que justificaron la entrada.

Por último lo más grave que expresa la sentencia absolutoria penal es que en la prueba de captación o requisa de la documentación no hay reseña alguna ni constancia de qué documentos incriminatorios para el señor (…) fueron intervenidos por la Administración, como habría hecho sin duda un secretario judicial en una diligencia penal (por cierto, en unas actuaciones que claramente estaban, desde el principio, bajo sospecha inequívoca de delito, frente a él o sus empresas, no se comprende bien cómo no se pidió la autorización de entrada al juez de instrucción en el seno de unas actuaciones penales iniciadas por virtud de denuncia o querella)”.

Como conclusión, puede afirmarse que el recurrente, la regularización y sanción seguida frente a él es nula y que la prueba de cargo en que se basó una y otra se obtuvo con flagrante infracción de los derechos fundamentales, explica CCS Abogados.