La Xunta de Galicia, a través de la plataforma de contratos públicos, publica hoy la adjudicación de las obras de la nueva planta de transferencia de A Lama por más de 1,1 millones de euros (1.107.555,43 €), para sustituir y mejorar la microplanta que lleva años operando en este ayuntamiento. Este contrato fue licitado en abril por la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama).

La nueva planta estará ubicada en el polígono industrial de Racela, en una parcela de casi 2.300 m2 y también dará servicio a los concellos de Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, aunque se podrá ampliar a otros municipios, ya que cuenta con una capacidad de transferencia de más de 5.000 toneladas al año.

Complementariamente, también se habilitará una nave de 600 m2 que contará con los siguientes elementos: un compactador fijo, una báscula, un sistema de traslación de contenedores, con capacidad para dos, un aparcamiento de contenedores, una depuradora de aguas residuales y paneles solares para el propio autoconsumo de la planta, fomentando de este modo las energías renovables.

Esta operativa permitirá transferir, además de la bolsa negra y de la bolsa amarilla, la fracción de residuos orgánicos recogidos en el contenedor marrón, que posteriormente serán enviados a la planta de biorresiduos de Vilanova de Arousa cuando esté operativa.

La adjudicataria entregará el proyecto de ejecución y actividad en el plazo de tres semanas y la obra deberá estar culminada en 16 semanas, con la previsión de que entre en funcionamiento en verano de 2022.

De este modo, se avanza un escalón más en el objetivo de la Unión Europea que fija la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica a través del quinto contenedor de color marrón, para finales de 2023.

Con el objetivo “de ayudar a los entes locales en esta responsabilidad municipal”, la Xunta impulsó distintos proyectos para cumplir con este reto. Así, la planta de la Lama es una de las instalaciones que forma parte de la red de infraestructuras industriales, diseñada por el Gobierno gallego, “para facilitar que más de 2,2 millones de gallegos que residen en 283 ayuntamientos cuenten con un servicio de valorización de la materia orgánica a menos de 50 kilómetros”.