La prioridad de Ence Pontevedra continúa siendo luchar por la permanencia en Lourizán hasta 2073, motivo por el que la empresa ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado viernes que declara ilegal la prórroga concedida por el gobierno popular de Mariano Rajoy. Pese a ello la empresa se plantea comenzar a hablar de un plan B, en el que no habría espacio para la posibilidad de trasladar la pastera a una nueva ubicación en Galicia.
Al contrario, en una conferencia que mantuvo el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, con los inversores la empresa se decantaría más por una ampliación de la fábrica de Navia, en Asturias. Una estrategia que busca compensar la capacidad de producción de Pontevedra, pero que no pensaría tanto en los puestos de trabajo.
De este modo Ence barajaría construir una nueva línea de 340.000 toneladas o más de capacidad para Navia. La empresa ya tendría los terrenos así como los permisos para comenzar la construcción, que tendría un periodo de unos dos años.
Esta operación está valorada en unos 450 millones de euros, 250 millones menos que la cuantía que estipulan costaría hacer una fábrica nueva en otra ubicación. Una posibilidad que consideran menos viable ya que, repiten, no consideran que haya en Galicia ningún terreno que cumpla todas las características necesarias.
Esta nueva línea de Navia no alcanzaría la de Pontevedra, 340.000 frente a 500.000 toneladas. Sin embargo, el presidente defiende que sería más eficiente y reduciría los costes de producción, resultando más rentable.
Actualmente Navia soporta el 57% de la producción de celulosa de la empresa, según datos de Ence, pese a que la fabricada en Pontevedra resulta de mayor calidad. En 2020 Ence produjo más de un millón de toneladas de pasta de papel (1.007.285). De ellas el 57% las produjo Navia (572.567) frente al 43% de Pontevedra (434.718 toneladas). La diferencia, es que las de Pontevedra son de pasta TCF, totalmente libres de cloro y sirve para uso higiénico, mientras las de Navia son ECF, elementalmente libre de cloro.
Por último, cabe destacar que el coste de un hipotético cierre de la planta de Lourizán si la Justicia no da la razón a la empresa después de recurrir al Tribunal Supremo y a Bruselas, se calcula en unos 70 millones de euros. Además la compañía pediría una indemnización de 130 millones de euros para recuperar la inversión realizada en la fábrica desde que se les otorgó la prorroga en 2016. Mientras tanto, el valor de la empresa en bolsa parece que se va estabilizando después de perder más de un 20% en las últimas jornadas.
Nuevas concentraciones
Por su parte los trabajadores continúan peleando por el futuro de la fábrica a través de los respectivos comités de empresa. Si el pasado miércoles el comité de oficinas anunciaba que recurriría por su parte la sentencia además de nuevas movilizaciones, el de fábrica se concentrará de nuevo hoy ante la Subdelegación de gobierno, como hiciera el pasado lunes.
Los trabajadores de fábrica solicitaban una reunión con Maica Larriba para reabrir la mesa de diálogo, para la que aún no han obtenido respuesta. Lo harán de nuevo esta mañana pidiendo que se mantengan los puestos de trabajo. Además los trabajadores se reunirán de nuevo hoy con la empresa, concretamente con el presidente y consejero delegado.
