Un pontevedrés se enfrenta diez años y medio de cárcel y otros tantos de libertad vigilada, acusado de abusar sexualmente de su sobrina, una menor que tiene un grado de discapacidad del 42 por ciento.
El juicio se celebrará el próximo martes 29 en la Audiencia de Pontevedra. El asunto procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis.
El fiscal lo acusa de un delito continuado de abusos sexuales sobre una menor, agravado por las circunstancias de que hubo acceso carnal, por el escaso desarrollo intelectual de la víctima y por haberse valido de su relación de parentesco.
Además de la pena de prisión, el fiscal reclama que se le imponga al acusado una orden de alejamiento sobre su sobrina durante 18 años y medio, que se le obligue a participar en un programa de reeducación sexual y que indemnice a la víctima con 16.000 euros.
Los últimos abusos de los que se le acusa, según refleja el escrito del ministerio público, se habrían producido durante el otoño de 2019, después de que la menor y su madre acudieran de visita a la vivienda familiar, en donde residía habitualmente el acusado.
En un momento determinado la niña se quedó sola en el interior de la casa mientras el resto de la familia ayudaba con la recogida de leña. Aprovechando esa circunstancia el acusado “con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y de atentar contra la indemnidad sexual de la víctima”, subió a la niña a su habitación y, a pesar de que la niña trató de repelerlo, la violó.
Pero situaciones de similar naturaleza –relata el fiscal en su escrito–, se remontarían hasta 2016, tres años durante los que el acusado habría cometido numerosos episodios de abusos sexuales sobre su sobrina, a la que violó en varias ocasiones y le obligó a que le masturbara, según la acusación del fiscal.
Una de estas violaciones se habría producido cuando la niña se quedó al cuidado de la familia durante un viaje de su madre a las islas Canarias, en octubre de 2019.
También durante ese año, en varias ocasiones cuyos días no están determinados el acusado le habría mostrado a la niña en la pantalla de su teléfono móvil imágenes de contenido sexual.
Alejamiento
Además de los diez años y medio de prisión, el fiscal pide al tribunal que se imponga al procesado la pena de alejamiento o de prohibición de aproximación a la víctima, así como a su domicilio y a su lugar de trabajo o a su centro de estudios, a una distancia inferior a los trescientos metros, así como la pena de prohibición de comunicación del procesado con la víctima por cualquier medio y por un período de tiempo de dieciocho años y seis meses.
