Trabajadores de Ence se manifestarán el próximo 16 de julio para reclamar la permanencia de la pastera en los terrenos de Lourizán, una postura que defenderán “con uñas y dientes”, en palabras del secretario de organización de CC OO en Pontevedra, Xosé Luis García Pedrosa.
Así lo anunciaron ayer representantes del comité de empresa de las oficinas de la fábrica, que acusaron al Concello y la Diputación de Pontevedra de “acoso” y de “criminalizar a los trabajadores”, así como de “utilizar recursos públicos con el objetivo de eliminar nuestros puestos de trabajo”.
“Tenemos que recordar al alcalde de Pontevedra que los trabajadores no son terroristas y que están defendiendo sus puestos”, advirtieron.
La marcha, a la que invitan a participar a toda la ciudadanía, tanto de la comarca de Pontevedra como del conjunto de la comunidad autónoma gallega, partirá a las 20 horas de la calle Alexandre Bóveda, desde donde se dirigirá hacia José Malvar, bajando desde Loureiro Crespo y atravesando el centro de la ciudad hasta la Praza de España, alrededor de la cual se concentran las tres administraciones públicas: Concello, Diputación y Subdelegación del Gobierno.
El anuncio el pasado martes del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de que el Concello recurrirá la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en caso de no manifestarse a su favor, ha llevado a los trabajadores a anunciar ayer esta protesta en la calle. “Nosotros vamos a continuar con independencia del sentido de la sentencia defendiendo activamente nuestros puestos de trabajo”, aseguró Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas de la fábrica, que estuvo acompañada en rueda de prensa, entre otros, por García Pedrosa.
“Solicitamos la participación de todos los ciudadanos de Pontevedra, porque las consecuencias del cierre de la actividad en Ence van más allá de la pérdida de los puestos de trabajo, con las repercusiones que tendría en la economía de la comarca y la desaparición de la masa salarial”, afirmó.
Citaciones por el encierro
Por otro lado, lamentaron que desde el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra están llegando citaciones para declarar por allanamiento de local a 13 participantes en el encierro en el Concello realizado el pasado mes de marzo, entre delegados sindicales y trabajadores.
“Es improcedente ocupar a los tribunales de los que se dice que están colapsados con denuncias de hechos que en absoluto son de carácter delictivo y que forman parte de la tradición reivindicativa de la actividad sindical”, criticó Ana Cedeira.
“Lo que se pretende es criminalizar a los trabajadores y presentar las acciones de defensa de sus puestos de trabajo como actos delictivos”, concluyó.
Hay que recordar que el encierro concluyó aquel 11 de marzo con insultos a parte del equipo de gobierno el bloqueo de sus coches a su salida del parking de la Praza de España, golpes incluidos a los vehículos, especialmente al del alcalde.
El Gobierno acatará la resolución
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, afirmó ayer en Pontevedra que el Ejecutivo acatará la resolución que adopte la Audiencia Nacional sobre los recursos contra la prórroga de 60 años concedida a Ence por el gobierno de Rajoy, pero también pidió que Xunta y empresa cumplan los compromisos adquiridos. Con ello se refirió a la mesa de trabajo celebrada en Madrid el pasado 21 de abril, con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Hay un compromiso por parte de la empresa de trasladar los estudios que se decía que tenían para la viabilidad en otras áreas”, apuntó. La próxima semana finaliza el plazo para presentar esa documentación. También la Xunta se había comprometido a estudiar la viabilidad de otros terrenos para ubicar a la factoría, aunque ya ha dicho públicamente que no lo hará.
