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Los acusados de la Operación Bodeguilla de narcotráfico se desvinculan de la trama

Acusan a un agente de la Guardia Civil infiltrado de organizar el operativo e implicarles | Argumentan que se vieron involucrados por las relaciones de amistad que les unen

Los acusados en una de la sesiones del juicio de la Operación Bodeguilla. | // FDV

Los acusados de la operación contra el narcotráfico conocida como “Bodeguilla”, vinculados con el fallecido Luciano Núñez, “Lucky Luciano”, declararon ayer ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, para reiterar su inocencia. Se trata de seis imputados, de diferentes procedencias, acusados de intentar introducir un alijo de casi 500 kilos de cocaína a través del puerto de Algeciras en 2016.

La droga llegaría de Sudamérica oculta en contenedores de fruta y la operación se habría desarticulado gracias a la participación de un agente de la Guardia Civil encubierto. Las declaraciones de los acusados realizadas durante la jornada de ayer se centraron en tratar de desvincularse de dicha operación.

Uno de los imputados (J.C.L.) exculpó incluso a dos compañeros de banquillo (M.F. y R.O.P.) haciéndose responsable de las pruebas que les inculparían en esta trama. También apuntaron al agente encubierto, un brigada de la Guardia Civil, como principal instigador de la operación.

Por amistad

J.C.L. aseguró, a preguntas del fiscal, que sus contactos con el grupo se debieron únicamente a su amistad con Luciano Núñez, “Lucky Luciano”, un vilanovés que falleció en 2020 a los 74 años, mientras se instruía esta causa. “Todo lo hice por ayudar a Luciano, porque estaba enfermo, con cáncer, y arruinado”, dijo este acusado. Aseguró que fue el agente encubierto el que organizó toda la trama que finalmente les llevaría al banquillo, exculpándose a sí mismo y algunos de sus compañeros de cualquier responsabilidad en la trama.

“Todo lo hice por ayudar a Luciano, porque estaba enfermo, con cáncer, y arruinado”

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Según su versión, el brigada “quería hacer una operación de narcotráfico y tenía a guardias amigos en Algeciras y Bilbao”, por lo que los animó a participar. Este acusado insistió en que al agente le movía una “maldad profunda”.

También indicó que el agente no paraba de pedirle dinero para cuestiones que no podía concretar. Eran cantidades que iban desde los 1.000 hasta los 10.000 euros y para conseguirlas habría pedido dinero a otros amigos “y aún los debo”, añadió este acusado.

Con una argumentación similar, otro acusado R.J.D., justificó sus encuentros con otro J.C.L. en la amistad que mantienen ambos. “Hablo con él cuatro o cinco veces por semana, siempre por motivos personales”, explicó. Y añadió que viaja a Colombia porque allí tiene una parte de su familia.

Al agente encubierto le movía "una maldad profunda”

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J.R.C. indicó por su parte que se vio envuelto en esta investigación solo porque tenía un negocio de telefonía, internet y envíos de dinero en un centro comercial y algunos de los otros acusados acudían a su local tanto a comprar teléfonos como hacer envíos, por lo que entabló cierta amistad con ellos simplemente porque eran clientes.

También se desvinculó por completo de la operación de narcotráfico en la que se le involucra por parte de la Fiscalía. Explicó que “no sabía” que los teléfonos que les vendió se utilizarían para organizar un alijo de droga

Pasaporte

Su padre y también acusado, J.C. también indicó que se vio envuelto en esta acusación por ser amigo y reunirse en ocasiones con otro de los implicados y negó tener cualquier relación con la operación. Admitió sin embargo que sí trataba de conseguir un pasaporte de forma ilícita, si bien finalmente no hubo acuerdo porque le pedían unas cantidades que no podía asumir.

Consumidor

También M.F. negó su relación con los hechos investigados y explicó que mantenía una vieja amistad con otro implicado (motivo por el que le habrían detenido), además de haber sido consumidor de droga en el pasado. Este acusado indicó que le propusieron participar en la operación, pero que lo rechazó porque ahora tiene un trabajo en el que confía llegar a jubilarse.

El juicio continuará hoy con las conclusiones finales tanto de las seis defensas como de la Fiscalía. Inicialmente el fiscal solicita penas que oscilan entre los 10,5 y 15 años de prisión por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, al margen de multas que superan los 100 millones para algunos de los acusados.

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