Trabajadores de Ence se manifestarán el próximo 16 de julio en defensa de la permanencia de la pastera en los terrenos de Lourizán.
Así lo anunciaron hoy representantes del comité de empresa de las oficinas de la fábrica, que acusaron al Concello y la Diputación de Pontevedra de “acoso” y de “criminalizar a los trabajadores”, así como de “utilizar recursos públicos con el objetivo de eliminar nuestros puestos de trabajo”.
“Tenemos que recordar al alcalde de Pontevedra que los trabajadores no son terroristas y que están defendiendo sus puestos”, advirtieron.
La marcha, a la que invitan a participar a toda la ciudadanía, tanto de la comarca de Pontevedra como del conjunto de la comunidad autónoma gallega, partirá a las 20 horas de la calle Alexandre Bóveda, desde donde se dirigirá hacia José Malvar, bajando desde Loureiro Crespo y atravesando el centro de la ciudad hasta la Praza de España, alrededor de la cual se concentran las tres administraciones públicas: Concello, Diputación y Subdelegación del Gobierno.
“Tenemos que recordar al alcalde de Pontevedra que los trabajadores no son terroristas y que están defendiendo sus puestos”
El anuncio ayer mismo del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de que el Concello recurrirá la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en caso de no manifestarse a su favor, ha llevado a los trabajadores a anunciar hoy esta protesta en la calle. “Nosotros vamos a continuar con independencia del sentido de la sentencia defendiendo activamente nuestros puestos de trabajo”, aseguró Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas de la fábrica, que estuvo acompañada en rueda de prensa, entre otros, por el secretario de organización de CC OO en Pontevedra, Xosé Luis García Pedrosa.
“Solicitamos la participación de todos los ciudadanos de Pontevedra, porque las consecuencias del cierre de la actividad en Ence van más allá de la pérdida de los puestos de trabajo, con las repercusiones que tendría en la economía de la comarca y la desaparición de la masa salarial de los trabajadores de Ence y las empresas auxiliares”, afirmó.
Citaciones por el encierro de marzo
Por otro lado, lamentaron que desde el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra están llegando citaciones para declarar por allanamiento de local a 13 participantes en el encierro en el Concello realizado el pasado mes de marzo, entre delegados sindicales y trabajadores.
“Consideramos que es improcedente ocupar a los tribunales de los que continuamente se dice que están colapsado con denuncias de hechos que en absoluto son de carácter delictivo y que forman parte de la tradición reivindicativa de la actividad sindical”, criticó Ana Cedeira.
“Lo que se pretende es criminalizar a los trabajadores y presentar las acciones de defensa de sus puestos de trabajo como actos delictivos. Por ello tenemos que recordar al alcalde de Pontevedra que los trabajadores investigados no son terroristas”, concluyó.
