Semana clave, pero no definitiva, para el futuro de Ence

Clave, pero previsiblemente no definitiva, será la decisión de la Audiencia Nacional sobre el futuro de Ence en la ría de Pontevedra. Los magistrados se reunieron ayer para deliberar sobre los recursos presentados por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra la prórroga a la concesión de la fábrica para permanecer en su actual ubicación en Lourizán. Según las partes implicadas y fuentes judiciales, la sentencia no se conocerá hasta dentro de una o dos semanas, pero sea cual sea la decisión de la Audiencia Nacional, las partes a las que les sea desfavorable ya han anunciado que recurrirán a instancias judiciales más amplias. La reunión de los jueces giró en torno a si anulan o ratifican la prórroga de la concesión de Costas sobre los terrenos de Lourizán aprobada en 2016 hasta el año 2073. Así, el futuro de la fábrica se debate entre dos fechas: dentro de doce años, en 2033, si concluyen que la prórroga es ilegal, o cuarenta años más, hasta 2073 –como mínimo–, si avalan esa ampliación concedida por un Gobierno central presidido por Mariano Rajoy cuando estaba en funciones y que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió no defender, al entender que el plazo legal máximo para cualquier concesión de este tipo es de 75 años y la de Ence, otorgada inicialmente en 1958, vence en 2033. La otra posibilidad que existe es que se anule la concesión por completo, lo que implicaría el cierre de la actividad en Lourizán. Los recursos presentados por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR mantienen paralizada una prometida inversión de 400 millones de euros por parte de la empresa en su planta de Lourizán. Entre los argumentos de los recurrentes figura que el Gobierno central se extralimitó en sus competencias, al aprobar la prórroga estando ya en funciones, o que se habían cometido defectos administrativos en su tramitación. Además, denunciaban que se incumplía la Ley de Costas. En marzo de 2019, la Abogacía del Estado decidió allanarse en la causa abierta contra la prórroga de Ence y no defender en los tribunales la legalidad de la concesión. Esto provocó, ademas, una serie de caídas en bolsa que hicieron que Ence perdiera más de 250 millones de euros de capitalización en poco más de un mes. Alternativas Aunque todos coinciden en que el futuro de la fábrica depende casi en exclusiva de los tribunales, en los últimos meses se han explorado posibles vías políticas y administrativas para buscar soluciones, aunque sin avances reales. El principal gesto al respecto fue la mesa convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y celebrada el pasado 21 de marzo. Dos meses después, no hubo más sesiones tras aquella cita inaugural en la que el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, aceptó por vez primera hablar de una posible nueva ubicación, aunque con la advertencia de que un traslado “no es viable” ni técnica ni económicamente. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamó entonces diálogo a la Xunta de Galicia y a Ence para “proteger el empleo” de la pastera y buscar posibles emplazamientos alternativos. Ence esgrimió informes anteriores al respecto, que descartaban cualquier opción ajena a la de Lourizán y la Xunta afirma que también exploró posibles terrenos, con el mismo resultado. En juego están, según los cálculos de la empresa, unos 800 empleados en Pontevedra y hasta 5.000 en Galicia que dependen de esta planta. Empresa, trabajadores, concello, ecologistas y pontevedreses en general estarán pendientes en los próximos días de la sentencia de la Audiencia Nacional, que aclarará notablemente el panorama sobre el futuro de Ence, pero que no lo resolverá de forma absoluta ya que, sea cual sea su decisión, el proceso se alargará con nuevos recursos. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se mostró optimista con la sentencia de la Audiencia Nacional porque “hai moitas razóns para pensar que vai ser favorable aos posicionamentos do Concello”. El regidor municipal comentó que “temos a razón e o dereito, como tiveron outras cidades de todo o mundo e do Estado, a deslocalizar empresas e mellorar a súa calidade de vida”. En este sentido, Lores mantiene su apuesta por buscar una nueva ubicación que “nunca debeu ser na ría” y considera que “despois de 60 anos, xa vai sendo hora de que se busquen alternativas”. El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, se mostró tajante sobre la situación de Ence al afirmar que no garantizar su continuidad en su actual ubicación de Lourizán “non é unha opción”, al tiempo que lamentó que la fábrica se encuentre en una “situación de inestabilidad” que, considera, ha sido propiciada por la nueva ley de cambio climático, “que xerou un problema onde non o había”. El vicepresiednte segundo de la Xunta insistió en que tendrá que ser el Gobierno central “o que poida dar unha solución concreta a Ence”. El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Antón Masa, se mostró optimista con respecto al fallo de la Audiencia Nacional porque “a doctrina do Estado vai polo camiño de que non se pode estar máis de 75 anos, incluindo as prórrogas, nin o dominio público pode ser ocupado por instalacións que pola súa natureza non teñan por que estar aí”. Aún así, recalcó que “imos recurrir porque o único que contemplamos é que a concesión de Ence caducou en 2018”. Además, señaló que “a loita ten que continuar, porque de aquí a que Ence marche da ría vai pasar tempo”. El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR),_Antón_Masa, se mostró optimista con respecto al fallo de la Audiencia Nacional porque “a doctrina do Estado vai polo camiño de que non se pode estar máis de 75 anos, incluindo as prórrogas, nin o dominio público pode ser ocupado por instalacións que pola súa natureza non teñan por que estar aí”. Aún así, recalcó que “imos recurrir porque o único que contemplamos é que a concesión de Ence caducou en 2018”. Además, señaló que “a loita ten que continuar, porque de aquí a que Ence marche da ría vai pasar tempo”. La presidenta del comité de empresa de oficinas de Ence, Ana Cedeira, señaló que, aunque ahora “toca esperar” a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, “somos optimistas y, ante todo, confiamos en la justicia y en que nos den la razón, porque lo que está en juego es el futuro de mucha gente”. En este sentido, recordó que “son 5.000 puestos de trabajo” los que ofrece Ence directa o indirectamente. “Los jueces son seres humanos y también son trabajadores, así que espero que se hayan puesto en nuestro lugar y al final dictaminen a favor de los trabajadores”, señaló. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa de la Provincia de Pontevedra, José María Corujo, señaló que “si la sentencia fuera en contra de Ence, a nivel económico y social, Pontevedra y su entorno sufrirían un palo de los más gordos de su historia; las consecuencias serían nefastas, porque no solo afectaría a los puestos de trabajo directos, sino también a los indirectos”. La postura de los empresarios pontevedreses es clara y Corujo espera “que la sentencia sea favorable, pero prefiero ser prudente hasta que no sepamos la resolución oficial”.