“¿Sabe usted por qué está aquí?”, preguntó la presidenta de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial a un acusado de agresión sexual, malos tratos y amenazas sobre su pareja. “Yo no hice nada”, contestó él. “Le pregunto si conoce los hechos de los que se le acusa”, insistió la magistrada. “Estoy tomando medicación y no sé”, respondió el encausado.
Después de una conversación en estos términos, en la que la presidenta del tribunal llegó a preguntar al acusado si “se entera de lo que pasa aquí" y éste respondiese “un poco sí que me entero”, el tribunal de la Audiencia de Pontevedra decidió hacer un receso en la vista que se celebró este martes, para pedir la asistencia de una médico forense que reconociese al imputado y determinase su capacidad para declarar.
Se juzgaba a un vecino de Pontevedra acusado de los delitos de malos tratos sobre la mujer, agresión sexual y amenazas leves. En sus primeras declaraciones ante el tribunal de la Audiencia, el hombre suscitó serias dudas sobre su capacidad para declarar. Su abogado aclaró que antes del juicio el hombre, que se encuentra bajo tratamiento médico, había tomado "unas siete pastillas". El acusado corroboró las palabras de su abogado: “Estoy tomando medicación", añadió.
El hombre fue evaluado a continuación por la médico forense, quien, tras entrevistarse con él y chequear su estado de salud, declaró que el individuo podía ser juzgado con garantías porque "es consciente" del proceso judicial al que está sometido y sus posibles consecuencias. La perito determinó que el acusado "tiene recuerdo de los hechos" por los que está encausado y "responde con claridad y con prudencia", si bien en algunas ocasiones "alega que no entiende lo que se le pregunta". Tras este análisis forense, se retomó la vista en la que el acusado anticipó que solo respondería a las preguntas de su abogado.
A continuación la víctima testificó a puerta cerrada y tras un biombo, para evitar la confrontación visual con el acusado. También lo harían así sus hijos.
La Fiscalía pide nueve años y cuatro meses de prisión para este pontevedrés que está acusado de haber maltratado y haber agredido sexualmente a su expareja, tras no aceptar su separación tras poco más de un año de relación. El acusado estuvo casi un año en prisión provisional por estos hechos y en la actualidad está en libertad, obligado a llevar un dispositivo de seguimiento telemático para comprobar que no se acerque a menos de 500 metros de la víctima.
Junto con la pena de cárcel, la Fiscalía pide que se le impongan ocho años de libertad vigilada tras su salida de prisión, manteniendo además la orden de alejamiento durante año y medio más del tiempo que pase encerrado. Además, exige que indemnice a la víctima y al Servizo Galego de Saúde.
