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Doce años más o hasta 2073: la Audiencia Nacional decide qué plazo le queda a Ence

Fábrica de Ence en Lourizán

Fábrica de Ence en Lourizán FdV

Será una sentencia decisiva, pero probablemente no definitiva. La Audiencia Nacional tiene previsto resolver esta semana, previsiblemente mañana, el futuro de Ence, que se balancea entre dos fechas: dentro de doce años, en 2033, si se concluye que la prórroga de la concesión de Costas sobre los terrenos de Lourizán aprobada en 2016 es ilegal; o cuarenta años más, hasta 2073, como mínimo, si los jueces avalan esa ampliación concedida por un Gobierno central presidido por Mariano Rajoy cuando estaba en funciones, y que el actual Ejecutivo, con Pedro Sánchez, decidió no defender al entender que el plazo legal máximo para cualquier concesión de este tipo es de 75 años y la de Ence, otorgada inicialmente en 1958, vence en 2033.

Empresa, trabajadores, concello, ecologistas y pontevedreses en general están pendientes de la votación de la Audiencia Nacional que aclarará notablemente el panorama sobre el futuro de Ence, pero que no lo resolverá de forma absoluta ya que, sea cual sea su decisión, las partes implicadas ya han anunciado que recurrirán a instancias judiciales más amplias.

Lo que resuelve esta semana la Audiencia Nacional son los recursos contra la prórroga presentados por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y Defensa da Ría, unos recursos que mantienen paralizada una prometida inversión de 400 euros por parte de la empresa en su planta de Lourizán. Entre los argumentos de los recurrente figura que el Gobierno central se extralimitó en sus competencias, al aprobar la prórroga estando ya en funciones, o que se habían cometido defectos administrativos en su tramitación. Además, denunciaban que se incumplía la Ley de Costas. En marzo de 2019, la Abogacía del Estado decidió allanarse en la causa abierta contra la prórroga de Ence y no defender en los tribunales la legalidad de la concesión

Aunque todos coinciden en que el futuro de Ence depende casi en exclusiva de los tribunales, en los últimos meses se han explorado posibles vías políticas y administrativas de solución del futuro de la fábrica, aunque sin avances reales. El principal gesto al respecto fue la mesa convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y celebrada el pasado 21 de marzo. Dos meses después, no hubo más sesiones tras aquella cita inaugural en la que el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, aceptó por vez primera hablar de una posible nueva ubicación, aunque con la advertencia de que un traslado “no es viable” ni técnica ni económicamente.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamó entonces diálogo a la Xunta de Galicia y a Ence para “proteger el empleo” de la pastera y buscar posibles emplazamientos alternativos. Ence esgrimió informes anteriores al respecto, que descartaban cualquier opción ajena a la de Lourizán y la Xunta afirma que también exploró posibles terrenos, con el mismo resultado. En juego están, según los cálculos de la empresa, unos 800 empleados en Pontevedra y hasta 5.000 en Galicia que dependen de esta planta.

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